En el sitio web del Servicio Electoral (Servel) se puede acceder a los Balances Generales de los partidos políticos correspondientes al año 2016. Sin embargo, se nota la ausencia del apartado correspondiente una de las colectividades tradicionales: el Partido Comunista.
T13.cl accedió a un oficio, recibido el 6 de noviembre por el Servicio de Impuestos Internos, en el que el director del Servel, Raúl García, solicita “informar si su Servicio (SII) procedió a la tasación de la base imponible, en particular del valor de venta de las acciones de ‘Sociedad Inmobiliaria Araucaria SPA’, que determinó el monto de impuesto de $593.931.267 (quinientos noventa y tres millones novecientos treinta y un mil doscientos sesenta y siete pesos), el que se encuentra provisionado en su Balance General 2016”.
Este documento surge en medio de los cuestionamientos que enfrenta la colectividad dirigida por el diputado Guillermo Teillier precisamente respecto de la venta de propiedades que pertenecían al Partido Comunista, operación de la que se sospecha –según una querella del PRI– se habría realizado con precios bajo costo de mercado.
Esta operación se llevó a cabo con la Sociedad Inmobiliaria Araucaria SpA, de propiedad del PC, la que era dueña de, entre otros inmuebles, un edificio ubicado en las cercanías de Plaza Italia, en calle Carabineros de Chile.
La venta de la totalidad de las acciones de esta firma se realizó el 3 de octubre del 2016 a otra sociedad llamada Progreso SpA, por 3 mil 86 millones de pesos. Esta firma, a su vez, había sido creada casi un mes antes, el 2 de septiembre, tiene por representante legal a José Ricardo Solé, quien integra el Tribunal Supremo del PC, y también la integran Ricardo Castro y Pablo González, militantes de la misma colectividad.
El Mercurio realizó una tasación particular de los inmuebles considerados en la venta de acciones entre ambas sociedades y cifró el valor comercial en un monto cercano a los 9 mil millones de pesos.
De acuerdo a declaraciones difundidas por La Tercera, esta operación habría sido realizada bajo la premura de cumplir con las condiciones exigidas por la Ley de Partidos Políticos, la que establece que el 75% de las propiedades debe tener fines partidarios, en tanto que el 25% restante podría ponerse, por ejemplo, en arriendo.
Por esta operación, el Partido rindió un impuesto de 593 millones de pesos, que es el que hace alusión el oficio enviado por el Servel.
Los cuestionamientos a la operación del Partido Comunista tienen directa relación con este antecedente. Se critica que la operación tuvo un precio bajo al considerado por el mercado, operación que tuvo un valor de 3 mil 86 millones de pesos, por el que se deben tributar casi 600 millones de pesos. Por tanto, la crítica apunta a que si la venta se hubiera realizado con el valor comercial, que según El Mercurio se alzaría por cerca de los 9 mil millones de pesos, también el impuesto que el PC debiera haber rendido al fisco debiera haber sido mayor.
