El próximo 23 de octubre se realizarán en nuestro país las elecciones municipales, en las cuales debutarán nuevas leyes de probidad y transparencia impulsadas por el gobierno a raíz de los casos de financiamiento irregular en la política.
La nueva normativa entrega al Servicio Electoral (Servel) la autonomía para resguardar y fiscalizar el proceso. Dentro de algunas de sus atribuciones destaca el autorizar los lugares públicos en que está permitido que lo candidatos instalen propaganda electoral, además de la facultad de aplicar multas y sanciones en caso de irregularidades tanto en la normativa de propaganda como en la de financiamiento de campañas.
Pese a lo anterior, el presidente del organismo Patricio Santamaría sostuvo en diario La Tercera, que no cuentan con las atribuciones suficientes para garantizar una adecuada fiscalización en los próximos comicios.
"No hay ninguna institución en el mundo que pueda garantizar un buen proceso electoral si no hay un compromiso y un estándar ético alto de parte de quien participa en la elección", explicó.
Apunta a que hay muchas expectativas de parte de la ciudadanía en torno a la fiscalización que puedan realizar y recuerda que "cuando pedíamos la ley para el 30 de septiembre del año 2015 y posteriormente la tuvimos publicada el 15 de abril de 2016, nosotros dijimos que vamos a hacer un período de marcha blanca, con fiscalización aleatoria, transversal, y se va a incluir a todas las listas que están participando en las elecciones".
“No tenemos, por ejemplo, un cuerpo de fiscalizadores que pudiera estar en la calle revisando el tema de la propaganda, porque son facultades que no nos otorgó la ley”, advierte el presidente del consejo directivo del Servel.
Denuncias ciudadanas
Desde el 23 de septiembre, los candidatos podrán disponer de propaganda sólo en los espacios públicos autorizados por el Servel (en caso de afiches, estos no podrán superar los 2 metros cuadrados). Santamaría apunta a que la fiscalización de esta nueva normativa dependerá del trabajo que pueda hacer Carabineros, quienes son los que cuentan con la facultad de retirar la propaganda ilegal.
En este sentido, agrega que la ciudadanía tendrá un rol primordial en la fiscalización durante la campaña, para lo que se habilitó un sitio web a través del cual la gente podrá dejar constancia sobre cualquier irregularidad.
El trabajo deberá hacerse "con la colaboración de la participación activa de la ciudadanía, que tiene la posibilidad y los mecanismos para hacer las denuncias respectivas (...) A partir de la denuncia vamos a enviar a nuestros funcionarios a constatarlas", señala.
Aquí surge otro inconveniente según Santamaría referido a los plazos de dichas denuncias. "Es un sistema que, sin duda, podría llegar incluso a generar una situación no de colapso, pero sí de demora en cuanto a los plazos legales que tenemos para contestar respecto de la tramitación de estas denuncias y de la aplicación, en definitiva, de sanciones", advierte.
Sobre la cantidad de personal con el que cuenta el Servel para llevar a cabo el proceso de fiscalización, Santamaría explica que pese a que la ley contempla un aumento de funcionarios de planta y contrata "recién la semana pasada tuvimos las asignaciones presupuestarias que nos permiten legalmente iniciar los concursos para completar esas plantas”, concluyendo que por ahora sólo han contratado a honorarios para tareas específicas con recursos del presupuesto de elecciones.
