El seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), presentó su renuncia tras ser vinculado con la adjudicación de fondos a una fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
El pasado 16 de junio TimeLine Antofagasta informó que fueron los propios funcionarios del Serviu quienes iniciaron los cuestionamientos en contra de Contreras por la marginación del Equipo Asentamientos Precarios, la contratación de profesionales sin detallar sus funciones, el pago en una cuota millonaria para el arriendo de un inmueble para una fundación y el convenio por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.
De acuerdo con la descripción de la página web de la organización , se trata de “una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica”.
“Buscamos radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”, agrega.
De acuerdo con lo reportado por el mismo medio, la Fundación Democracia Viva es representada legalmente por la pareja de la diputada RD Catalina Pérez, Daniel Andrade, quien también es un actual asesor de la Subsecretaría de Defensa.
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“El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue realizado el 3 de octubre del 2022 y asciende a 200 millones de pesos. (...) El siguiente convenio por 170 millones de pesos tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes. (...) El último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones”, detallaron.
Es en este contexto que este sábado el seremi Contreras presentó su renuncia ante el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señalando “lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa mala interpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno”.
“Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, añadió.
“Esta incorporación (con la fundación) es parte de un proceso de diversificación de colaboradores para el trabajo territorial, llevado adelante ante la necesidad de implementar más de 70 convenios programados desde la administración anterior, que concentraban alrededor de 7.900 millones de pesos mayoritariamente en cuatro organizaciones, lo cual a lo menos es cuestionable, hecho que viene a sumarse a una serie de irregularidades alojadas principalmente en Serviu las cuales he detectado y relevado a través de auditorías e informes”, sostuvo en su carta de renuncia.
Desde la cartera afirmaron que lamentan la situación e instruyeron una investigación para “despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema”.
