Un proyecto de ley que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y crea un nuevo sistema previsional, "cuyo fin es proteger los ahorros de los trabajadores", presentó el martes un grupo de senadores de oposición.
La iniciativa de 13 artículos -suscrita por los senadores Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (País Progresista)- establece la derogación del decreto ley 3.500 del año 1980 que crea las AFP y lo reemplaza por un "Sistema de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia", mientras que establece que la Pensión Básica Universal, será equivalente al Salario Mínimo Garantizado.
Adicionalmente, establece que el nuevo sistema será financiado en forma tripartita por el trabajador, el empleador y el Estado, cuyo aporte será definido cada tres años en la Ley de Presupuestos. Y que los trabajadores -menores de 60 años si son mujeres y menores de 65 si son hombres- estarán obligados a contribuir al Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y a la Reserva Técnica Legal, obligatoria, con el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles; a partir del año 2027 –dice la iniciativa- esta contribución se rebajará un 1%.
El proyecto también crea el Instituto de Seguridad Social, descentralizado y con patrimonio propio, que será integrado por nueve consejeros nombrados por el Presidente de la República de la siguiente manera: "dos a propuesta de la Cámara de Diputados, dos consejeros a propuesta del Senado, un consejero a propuesta de las centrales de trabajadores, constituidas dos años antes, de la entrada en vigencia de la presente ley; un consejero representante de los empleadores, un consejero a propuesta de la Contraloría General de la República, un consejero a propuesta del Banco Central y un consejero designado por el Presidente de la República, el que ejercerá la presidencia por el período que resulte sorteado".
En la presentación de la iniciativa se argumenta que "en virtud del grave impacto que está teniendo en el valor de los fondos de pensiones la alta volatilidad y desplome de las bolsas de los mercados financieros, tanto nacional como internacional, se hace indispensable proteger y garantizar que la propiedad de los ahorros de los trabajadores no siga expuesta a mayores riesgos y pérdidas".
Y que el sistema de seguridad social "ha de ser capaz de responder con eficacia a las cambiantes demandas de una sociedad cada vez más rica y compleja y en cuyo seno surgen de forma permanente nuevos retos y necesidades".
En el texto se añade que actualmente el "riesgo de volatilidad de los mercados financieros, se transfiere totalmente a los cotizantes de manera individual, lo mismo que el riesgo de la sobrevida. Estas características riñen con los principios básicos de la Seguridad Social, sobre la disminución o inexistencia de riesgo o peligro, para sus beneficiarios".
