Al mediodía del martes, fue el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien puso el tema sobre la mesa durante una reunión que encabezó en su oficina con sus pares de la comisión de Constitución, Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD) y Pedro Araya (ind. DC).
Aunque el tema principal de la cita era abordar el rol del Tribunal Constitucional en el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, la preocupación de todos los presentes era evidente por otro asunto: ya habían conocido el reportaje de radio Biobío sobre la existencia de informes elaborados para el senador y candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, que habrían sido similares a la información pública del sitio web del Congreso y financiados con fondos asignados del Senado.
Pero la incertidumbre de los legisladores se produjo porque la Fiscalía, a raíz del artículo que denunciaba los trabajos para Guillier, decidió ampliar la investigación que realiza desde 2016 tras la autodenuncia hecha por la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, que involucró la supuesta emisión de boletas por servicios que nunca se realizaron.
En esa oportunidad, el Ministerio Público solicitó antecedentes de asesorías a toda la Cámara de Diputados. Y en esta pasada, se pidió lo mismo al Senado a través de un oficio enviado el mismo martes.
¿Por qué invertino la Fiscalía? ¿Con qué antecedentes? ¿Sólo por una publicación de prensa?, fueron las principales dudas planteadas en la oficina de Zaldívar.
Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la decisión del ente persecutor, estuvieron el hecho de que, a diferencia de la Cámara de Diputados – donde existió la autodenuncia-, en el Senado no hubo ningún reclamo similar o alguna sospecha de acto ilícito.
Además, plantearon que sería improcedente por parte de la Fiscalía “calificar” el mérito de los informes, aunque efectivamente se tratara de un “copy-paste” de un trabajo hecho por el Congreso.
En paralelo, los legisladores recordaron que, a diferencia de los diputados, en el Senado las asignaciones parlamentarias siempre han tenido como norma que para que se pague por una boleta se entregue materialmente el informe realizado.
Es decir, los senadores concluyeron que no había pruebas suficientes como para comenzar una investigación.
¿Empate con Exalmar?
El tema, sin embargo, no quedó ahí. Dos horas más tarde fue motivo de análisis en la reunión almuerzo de los senadores de la Nueva Mayoría, de la que Guillier se ausentó. En esa cita los reclamos contra la Fiscalía fueron más duros.
Varios consideraron “un abuso” por parte del Ministerio Público iniciar una investigación sin la sospecha de un hecho ilícito. Además, advirtieron que la gestión podría perjudicar gravemente no solo la candidatura de Guillier, sino que la de todos los senadores que postulan a la reelección en noviembre.
En esa línea, se planteó en el almuerzo que podría tratarse de una “jugada política” por parte del Ministerio Público, para “empatar” la investigación realizada contra el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien enfrentó los casos Exalmar y Dominga, y de los que finalmente fue sobreseído.
Con todo, en la Fiscalía descartan de plano esta opción, y aseguran que la idea de ampliar la investigación al Senado fue precisamente para no centrarla solo en la figura de Guillier.
“Si el Ministerio Público cuenta con algún indicio de hecho ilícito, tiene el deber de investigar; en este caso desconozco con qué antecedentes cuenta la Fiscalía”, dijo el senador Jaime Quintana (PPD), consultado por el tema.
Incluso, el senador Rabindranath Quinteros (PS) consideró “inaudito” que “sean los reportajes de prensa los que vean el mérito de los informes que se hacen a los legisladores”.
El legislador dijo no justificar “esta decisión del Ministerio Público, porque nosotros tenemos un comité de asginaciones, un comité de auditoría y no se entiende que por una denuncia de prensa se concluya de inmediato la existencia de un delito”, reclamó.
