La senadora Fabiola Campillai (Ind) presentó una acción judicial contra el Fisco por los daños que sufrió en el marco del estallido social en 2019.
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La parlamentaria presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado Civil de San Bernardo, exigiendo una indemnización de $2.200 millones para ella y para los integrantes de su familia por daño moral.
El documento detalla que se pide un pago de $700 millones para ella, y de otros $1.500 para su familia por las consecuencias que se provocaron luego del ataque.
En el escrito que presentó, Campillai cuestiona a los funcionarios policiales que se encontraban en San Bernardo el día que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro.
Sobre este punto, su abogada María Alejandra Arriaza sostuvo en el documento que "ha existido transgresión a los reglamentos, principios y normas de los funcionarios de Carabineros de Chile que agredieron a mi representada, ya que jamás debieron hacer uso de las carabinas lanza gases en su contra, pues no se justificaba, ya que no existía una manifestación el día 26 de noviembre de 2019 en el sector, a la hora mencionada anteriormente, que ameritara dicha reacción".
Del mismo modo, sostiene que el accionar policial transformó "un elemento químico disuasivo no letal, en un elemento que puso en riego vital a Fabiola Campillai Rojas y le causó lesiones de carácter grave gravísimos de carácter permanente".
Finalmente, se indica que "a mayor abundamiento, existió falta de servicio, al no auxiliar a la víctima, tras la agresión provocada por ellos mismos".
Campillai: "La reparación es un derecho"
A través de su cuenta de Twitter, la senadora abordó la situación y señaló que "la reparación económica a víctimas de violencia estatal es un paso hacia la reparación integral y se basa en tratados de DDHH firmados y ratificados por Chile".
En esa misma línea, indicó que "la reparación es un derecho y no tan solo para mi, como víctima directa sino que también para mi familia, considerando que el daño es transgeneracional y serán los tribunales quienes determinen la suma en atención al daño causado".
"El Estado de Chile debe cumplir con sus deberes de hacer justicia con el derecho a reparación integral no solo a mi sino que a todas las víctimas de violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, además de hacer efectiva las garantías de no repetición", sentenció.
