Hasta su total despacho el Senado votará el proyecto de agenda corta antidelincuencia, que se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Hace instantes, los senadores aprobaron por 29 votos a favor y 5 abstenciones la propuesta para modificar la polémica norma norma antifiltraciones. SIGUE EL DEBATE EN ESTE ENLACE.
La norma original -propuesta por el Ministerio Público- fijaba penas de hasta 3 años a quienes filtraran investigaciones, generando rechazo por parte de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que advirtió sobre los efectos que podría tener la enmienda en la labor periodística.
El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, planteó que en su momento, la instancia "entendió que esa obligación del secreto era limitada a quienes conocían el proceso por causas directas, y entendemos con justa razón que algún periodista pudo haber interpretado que alcanzaba a la prensa, cosa que no es así porque nunca fue parte de la discusión en la comisión".
Ante la polémica generada por la redacción original, se propuso precisar quiénes estarán obligados a guardar el secreto:
- Funcionarios públicos: como el fiscal, el defensor público y las policías
- Intervinientes: querellantes, la víctima y el abogado particular
- Aquellas personas que tienen que cumplir alguna resolución judicial ordenada por el Ministerio Público o por el tribunal. Por ejemplo, un banco al que se le ordena levantar secreto bancario.
Al no estar mencionada dentro de las categorías, se deja fuera a la prensa. "Un periodista que por A,B,C motivo recibe información que no es parte del secreto o que es filtrada no está sometido a esta disposición pena. Sólo serán sancionados quienes están obligados a guardar secreto", explicó.
Quienes pasen a llevar la norma arriesgan multas de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo (61 hasta 540 días).
Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso. Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo
La propuesta generó debate. El senador UDI, Hernán Larraín manifestó que la norma que sanciona filtraciones en el marco del proceso penal "esta desde el año 2000 y nunca se aplicó a un periodista, por lo tanto, lo que se está haciendo es crear un fantasma, es una discusión abstracta, no la realidad concreta de lo que ha ocurrido ni tampoco lo que ha dicho la jurisprudencia, pero producida esta situación, para evitar esta interpretación que nunca se dio, se da esta fórmula".
"Hicimos una norma que nadie de buena fe puede considerar perjudica el éxito de la investigación y menos el derecho de la prensa de publicar lo que quiera", dijo el RN Alberto Espina.
Un crítico balance de la fórmula hizo el senador independiente Alejandro Guillier, quien finalmente se abstuvo: "A pesar de las modificaciones, sigue siendo una norma que en ningún caso está contribuyendo a un mayor periodismo investigativo, tampoco a un rol más independiente de la prensa, porque aumenta las penas para personas que pudiesen verse afectados y fija a criterio de un juez las atenuantes".
"Es distinto filtrar una información que puede favorecer a un narcotraficante que filtrar cuando lo que está en juego es el correcto ejercicio de la autoridad en actos de corrupción, por ejemplo", dijo.
Desde el gobierno, el ministro de Interior, Jorge Burgos, comentó que "la formula es correcta, del punto de vista de solucionar cualquier duda que se hubiera presentado."
"A juicio del gobierno nunca estuvo ni en la letra ni el espíritu intentar afectar a terceros ajenos a los intervinientes", agregó.
Burgos fue enfático que quienes tramitaron la norma no tenían intención de realizar "acto alguno de conculcación al derecho a informar de la prensa".
La sanción operará mientras se extienda el periodo de secreto de las investigaciones, que se fija en 40 días. Luego de esto se podrá solicitar una prórroga por el mismo plazo.
Una vez zanjado este tema, el Senado continuó el debate en torno a las normas de sanciones por robo u homicidio.
Otro tema que marcará la discusión en la Sala es el "control preventivo de identidad", que faculta a Carabineros de solicitar a los ciudadanos su cédula de identidad.
Rechazan incorporar beneficios para mayores de 75 años
Durante la mañana se analizó la propuesta que buscaba permitir que personas mayores de 75 años pudieran solicitar cumplir su pena en domicilio.
Sobre este tema, la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende dijo que si bien están abiertos a permitirlo en casos excepcionales, "no estamos disponibles para romper tratados internacionales, no estamos disponibles para que una personas condenadas por delitos de lesa humanidad se pueda acoger a una norma de este tipo".
Otros parlamentarios expresaron que se trataba de un tema que se podía analizar dentro de otro proyecto de ley, siendo finalmente rechazada la propuesta.
NOTICIA EN DESARROLLO...
