El Senado aprobó por unanimidad la Ley Antonia, que busca mejorar los procesos judiciales para quienes sean víctimas de delitos sexuales. La norma que todavía debe ser revisada por la Cámara de Diputadas y Diputados tiene como principal objetivo evitar la revictimización de quienes sufren este tipo de casos.
Con 24 votos a favor y ninguno en contra, la cámara alta respaldó incorporar en el Código Penal un Estatuto de Garantía a favor de las víctimas de delitos sexuales en el procedimiento penal.
La iniciativa que lleva el nombre de Antonia Barra, la joven que se suicidó en 2019 luego de haber sido víctima de violación y abuso sexual, ordena que exista personal capacitado en formación en género en los procesos judiciales y que también exista la anticipación de la prueba con el fin de evitar la victimización secundaria.
El proyecto que salió desde la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género, tiene un inciso sobre una serie de derechos de las víctimas que buscan “robustecer” varias medidas y que acoge lo propuesto “por una vida libre de violencia”, entre otros, no revictimización, protección de datos personales, enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, además de evitar cualquier cuestionamiento por la conducta anterior o vida privada de la víctima.
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Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que "humillen, causen sufrimiento, o lesionen la dignidad de la víctima".
Otro de los puntos destacados fue el aumento la pena por “inducción” al suicidio de la víctima de delitos sexuales con resultado de muerte, como en el caso de Antonia Barra. Esto significa penas de cárcel que van de 3 años y 1 día a 5 años y de 5 años y 1 día a 10 años.
