El jueves 1 de junio, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra (42), cumplió 15 años desde que entró a la institución. Al día de hoy, cuando ya maneja entre sus manos investigaciones de alta exposición como el caso Exalmar -que vincula al ex Presidente y candidato a La Moneda, Sebastián Piñera- y la denuncia de espionaje en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), reflexiona que haberse alejado de la política fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida profesional.
Y es que el jurista, dedicado hoy a la persecusión de delitos y con casos de alta exposición pública entre sus manos, tuvo un pasado activo en la política: fue militante del Partido Radical desde su época de estudiante de Derecho en la Universidad la República, institución que -mientras existió- mantuvo fuertes vínculos con ese partido y con la masonería.
Guerra era masón y radical como su padre, que llevaba el mismo nombre y fue un importante dirigente PR como regidor y alcalde de Licantén en los años '60. Toda la familia del jurista vivía en Curicó. Su padre era profesor y su abuelo agricultor de la zona. Actualmente, Guerra está casado con la ex directora regional de Sernageomin en Tarapacá, María Fernanda Saldías.
Mientras en la universidad escuchaba cátedras del académico radical Mario Verdugo, en el partido asistía a las asambleas y consejos generales, donde seguía con admiración los discursos del abogado y ex ministro Isidro Solis (también radical), quien por estos días es uno de los asesores cercanos del candidato presidencial PR-PS-PPD-PC, Alejandro Guillier.
En esos años, Guerra formaba parte de una generación de profesionales radicales que comenzaba a ganar espacio en distintos ámbitos. En ese grupo estaban Emilio Oñate, decano de la facultad de la Derecho de la Universidad Central; Macarena Carvallo, ex subsecretaria de Previsión Social; y Alejandro Usen, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales.
Pero fue a fines de los '90 que Guerra conoció la política por dentro, cuando se convirtió en asesor del subsecretario de Justicia de la época, José Antonio Gómez. Su jefe de gabinete era otro conocido radical, y hoy uno de los principales escuderos de Guillier: el ex ministro Carlos Maldonado.
Aunque con ambos generó vínculos de amistad, Guerra siempre tuvo el anhelo de hacer carrera en la Fiscalía. Eso, a pesar de que vislumbraba que podría haber iniciado un camino en cargos públicos o de elección popular. Además, según dicen sus cercanos, salió decepcionado de su sector político, porque notó una falta de disposición para avanzar en cambios sociales que a su juicio eran prioritarios en esa época. Es decir, abrazaba más la concepción del denominado sector "autoflagelante" de la entonces Concertación, que la de los "autocomplacientes".
Con todo, Guerra aprendió varias lecciones de su paso por la política. En particular una que le permite moverse hoy en el cargo que ostenta: relacionarse estratégicamente con todos los sectores y a nadar en aguas profundas, a muñequear con el poder y también a lograr acuerdos.
Y es que, dicen quienes conocen y se manejan en los vericuetos de la Fiscalía, no es raro que Guerra deba lidiar con llamados de altos personeros preocupados por alguna investigación puntual, o con la presión que ejercen pública y privadamente querellados y querellantes. Asimismo, ha aprendido a navegar en el mar de egos y lucha de poder que existen en una institución como el Ministerio Público también.
Y en el PR esto lo saben bien. Tanto, que a la hora de evaluar un eventual gobierno de Guillier, el nombre de Guerra es puesto en la mesa cuando se proponen nombres para el Ministerio de Justicia. La opción, en todo caso, ha sido descartada de plano por el propio fiscal, aseguran sus cercanos.
Vínculos políticos transversales
Guerra fue fiscal Jefe de San Antonio entre 2003 y 2004. En esos años comenzó poco a poco a desarrollar una amistad con el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, con quien tiene una estrecha relación hasta el día de hoy. Ambos comparten mucha vida privada en común: les gusta la buena mesa, juntarse con amigos y generar complicidades.
La relación cercana quedó en evidencia en la confianza profesional. En 2004 Chahuán lo nombró fiscal Jefe de Maipú, en 2007 fue parte de la Unidad de Tráfico de Drogas en la Fiscalía y en 2010 se trasladó a la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Cinco años más tarde, asumía como cabeza de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, lugar donde radican algunos de los casos políticos y económicos más expuestos del país y que es considerada como una plataforma crucial en la carrera hacia la Fiscalía Nacional.
A lo largo de su carrera en el Ministerio Público, el fiscal Guerra ha conocido a distintos actores del mundo público. En la Unidad de Tráfico de Drogas, por ejemplo, generó vínculos en el Senado por sus visitas a la comisión de Constitución. Desde ahí que tiene línea directa con senadores como Alberto Espina (uno de los principales asesores de Piñera) y Jaime Orpis.
En su estadía en Iquique, en tanto, Guerra conoció a algunos dirigentes y políticos como los diputados Renzo Trisotti (UDI) y Hugo Gutiérrez (PC). Este último fue quien interpuso la querella contra Sebastián Piñera por el caso Exalmar.
Aunque varios sectores en la Fiscalía aseguran que Guerra y Gutiérrez se hicieron amigos en esa época, el fiscal ha insistido en que la relación es sólo de cordialidad. Y sabe que el parlamentario comunista le tiene estima luego de que el persecutor decidiera investigar otra de las querellas del legislador en el ámbito local: el "caso muebles", que involucró presuntas irregularidades en la adquisición de mobiliario para colegios municipales de Iquique y Arica.
También en Iquique, Guerra generó vínculos con los ex ministros del Interior en la gestión de Piñera, Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick (actual jefe político en la campaña del ex presidente). Esto, debido a que con ambas ex autoridades debió coordinarse en temas de ámbito fronterizo.
Con las redes transversales que posee, para nadie es extraño que muchos llamen por teléfono a Guerra. Él no tiene problemas en hablar con quien lo busque, pero tampoco los tiene para seguir adelante en causas que, a su juicio, requieran de más investigación, dicen quienes conocen al abogado.
En el caso de Exalmar, aunque el sector de Piñera insistió públicamente y en privado en que la causa debe ser sobreseída por no contar -en opinión de ellos- con pruebas contundentes, la Fiscalía esperará nuevas diligencias de la PDI. Sólo si Gutiérrez, como querellante, no presenta más requerimientos, la causa podría ser cerrada antes de las primarias del 2 de julio, fecha que se baraja como tope hoy en la fiscalía.
De hecho, aunque Guerra advirtió en una entrevista que hasta ahora no había pruebas que inculparan al ex Presidente en la investigación, luego de que Piñera valorara públicamente esa afirmación, el fiscal salió a aclarar sus dichos y explicó que “en ningún caso” se ha descartado un posible delito del ex Mandatario.
En el caso del espionaje en las oficinas de la Sofofa, el fiscal también dio una señal de distancia apenas se denunció el escándalo: planteó públicamente sus reparos por la demora de la institución en denunciar la presencia de micrófonos, una semana después del hallazgo.
Asimismo, los fiscales Lorena Parra y Roberto Contreras -designados por Guerra para indagar este caso- han logrado en dos semanas desentrañar una madeja que, hoy, apunta principalmente al rol del supuesto experto en seguridad contratado por Carozzi y la Sofofa para detectar el espionaje: Rubén Zito Aros Oñate.
Tal como relató T13 Semanal el fin de semana pasado, existen inconsistencias que hacen sospechar a los persecutores no solo de la expertise de Aros Oñate, sino de su rol en general: siendo un supuesto experto, arrendó los equipos en la Casa del Espía; cubrió con papel aluminio las cámaras de seguridad mientras buscaba micrófonos en Carozzi y la Sofofa; su empresa -Profacis- no existe, y al menos uno de los aparatos encontrados fue activado el mismo día en que Aros fue contactado para el barrido electrónico.
“¿Cómo vas controlar a Gajardo?”
En 2015, y poco antes de que Sabas Chahuán dejara su cargo, Manuel Guerra pegó un salto cualitativo en su carrera judicial al ser nombrado jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente,
Para llegar a su actual cargo, dejó en el camino nada menos que a Carlos Gajardo, quien ya se perfilaba como una de las figuras mediáticas del Ministerio Público, a cargo del caso Penta. También se impuso a Tufit Bufadel y Paula Falcón.
Por esos días, Gajardo ya se había instalado públicamente como el fiscal estrella del Ministerio Público, quien durante un tiempo mantuvo contra las cuerdas al mundo político-empresarial y cultivó un estilo abierto a los medios de comunicación, además de ser muy duro en sus declaraciones públicas a los imputados.
En ese sentido, una vez instalado en el nuevo cargo y en medio de múltiples reclamos de sectores de derecha que acusaban que Gajardo perseguía políticamente a varios dirigentes de Chile Vamos, Guerra escuchó varias veces la misma pregunta: “¿Cómo vas a controlar a Gajardo’”.
A esa altura en la Fiscalía no eran pocos quienes advertían que con la personalidad de “bajo perfil” del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en poco tiempo estallaría una guerra de liderazgos entre ambos persecutores.
Sin embargo, según el entorno de Guerra, ambos han logrado establecer una relación “cordial”. No se han convertido en amigos, pero trabajan juntos de manera eficiente. Guerra le ha dejado a cargo temas de alta exposición como la querella de la ANFP o las estafas piramidales, pero ha evitado incluirlo en otros casos como el de espionaje en la Sofofa -donde designó a dos fiscales para realizar las indagatorias- y la querella contra Piñera.
Estas dos últimas exclusiones buscan evitar nuevas críticas a la Fiscalía y acusaciones de persecución política. Guerra sabe que Gajardo es un activo comunicacional importante para la fiscalía y ha manejado su gestión con el objeto de evitar nuevos flancos, y de declarar nuevas guerras.
