La otra "agenda valórica" que duerme en el Congreso
La otra "agenda valórica" que duerme en el Congreso
El debate que marcó durante julio la agenda legislativa tuvo como ingrediente principal el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. La tensa y a ratos acalorada discusión entre los parlamentarios es parte de la denominada agenda valórica en el Congreso.
Pero no sólo esa iniciativa está hoy en el Parlamento. Junto a ella al menos otros tres proyectos que dividen al mundo político actualmente están entrabados en su tramitación, entre ellos la adopción homoparental, que forma parte de la ofensiva por establecer el matrimonio igualitario, la eutanasia y la despenalización de la marihuana.
Avance hacia adopción homoparental
El revés que sufrió el proyecto de despenalización del aborto en la Cámara "colapsó" la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso respecto al matrimonio igualitario, iniciativa que, según la solución amistosa pactada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), incluirá la adopción homoparental.
En este contexto, en las últimas semanas La Moneda le envió una serie de minutas a la agrupación para adelantarles el contenido de la iniciativa, y tras la espera de los comentarios, el Ejecutivo enviará durante agosto un proyecto de ley que establezca el matrimonio igualitario.
El dirigente del MovilH, Rolando Jiménez, advirtió que el proceso se retrasó por el trabajo que le ha implicado al Gobierno la tramitación del proyecto de aborto, pero adelantó a T13 Semanal que "hasta el momento lo que tenemos es un documento del Gobierno en el que entregan los principales elementos que tendrá la ley de matrimonio igualitario, con los mismos derechos y deberes que las parejas heterosexuales, lo que está estudiando nuestro equipo de abogados para emitir un juicio".
De todas formas, en 2016 durante la tramitación aún en curso de otro proyecto de ley -que modifica la ley de adopciones- se abordó que las parejas que tengan unión civil independiente de su orientación sexual puedan adoptar.
El proyecto sobre reforma integral de adopción fue ingresado en 2013 durante el Gobierno de Sebastián Piñera y permanece hasta hoy estancado en su primer trámite legislativo, pese a que en 2015 la Presidenta Michelle Bachelet envió una indicación sustitutiva para acortar los tiempos del proceso y la priorización entre quienes quieren adoptar.
El integrante de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Ramón Farías (PPD), explicó que la iniciativa fue detenida mientras él presidía la instancia el año pasado, "porque nos dimos cuenta que faltaba antes un proyecto de Garantías de la Niñez". Sin embargo, explica que accedió a "parar la tramitación con el compromiso del Gobierno de que terminado el proyecto volviéramos nuevamente a tratar la adopción".
La ley de adopción establece un orden de prioridades para quienes quieran adoptar: un matrimonio chileno, un matrimonio extranjero, divorciados y separados, y personas naturales. Farías acusa que esto provoca que "muchos niños salen al extranjero, en vez de quedarse en Chile, por lo que impulsamos con la indicación sustitutiva a la reforma de la ley de adopciones que se acabe la prioridad entre uno y otro, y junto a la diputada Daniella Cicardini (PS) agregamos a quienes tienen unión civil". Tras estas opciones, vendrían los matrimonios extranjeros.
La iniciativa -junto a la indicación que permite a las parejas del mismo sexo que hayan contraído la unión civil adoptar- está siendo discutido los jueves en la comisión de Familia, después de que despacharon el proyecto de Garantías de la Niñez al Senado.
Eutanasia "archivada"
Cada cierto tiempo "el derecho a la muerte digna" resurge como debate, pese a que la eutanasia está prohibida en cualquiera de sus formas en Chile.
En 2015, por ejemplo, Valentina Maureira usó las redes sociales para solicitar a través de un video "hablar urgente con la Presidenta" Michelle Bachelet sobre el tema. Maureira tenía 14 años y sufría una avanzada fibrosis quística, al igual que su hermano, quien murió previamente a los seis años por la misma enfermedad.
"Estoy cansada de vivir con esta enfermedad, y ella -la jefa de Estado- me puede autorizar una inyección para quedarme dormida para siempre", sostuvo la adolescente en el video.
Finalmente, la Mandataria la visitó mientras estaba hospitalizada y a la espera de un trasplante Valentina falleció el 14 de mayo de 2015, reabriendo el debate sobre la eutanasia en Chile.
En este contexto, parlamentarios del PS y el PPD de la comisión de Salud del Senado intentaron ese año reflotar un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la eutanasia y que había sido ingresado en septiembre de 2014 por los senadores Alfonso De Urresti y Fulvio Rossi.
"Voy a reponer el debate sobre la muerte digna para establecer como un derecho humano el poder decidir qué hacer ante enfermedades terminales sin solución”, dijo en su momento el presidente de la comisión, senador Guido Girardi (PPD).
Así, Fredy Maureira, padre de Valentina, fue invitado a una sesión para exponer los detalles del caso. Y pese a que en la comisión no hubo mayoría para el proyecto -dado que los senadores Carolina Goic (DC), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Francisco Chahuán (RN) fueron contrarios-, y emitieron un informe negativo hacia el proyecto, éste llegó a la sala del Senado donde fue rechazado en primer trámite con 18 votos en contra y 13 a favor en noviembre de 2015.
Tras esto, la normativa quedó archivada con posibilidad de reactivarse desde noviembre del año pasado, lo que no ha sucedido.
Despenalización de la marihuana
"Ha faltado voluntad política y nos hemos encontrado con muchas trabas por parte del Gobierno (…) a pesar que hay cientos de investigaciones en Chile y Latinoamérica que demuestran que la mirada prohibicionista en política de drogas no ha dado resultados en ningún lugar del mundo”, sostuvo Karol Cariola en entrevista con la revista Cáñamo el mes pasado.
La diputada comunista se refería al proyecto que modifica la ley 20.000 sobre el tráfico de drogas, la que busca despenalizar el consumo de la marihuana para fines privados y medicinales.
En el programa de Gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría se comprometieron a "revisar la ley 20.000", el "reglamento que considera a la marihuana en la lista 1 entre las drogas más peligrosas" y entregar "el conocimiento de las faltas a esta norma ya no a la justicia penal, sino a los juzgados de policía local". Sin embargo, la iniciativa a la que se refiere Cariola es una moción presentada en agosto de 2014 por diputados que van desde el PC y los independientes, hasta un sector de la DC.
Con todo, en junio de 2014 el Gobierno estableció una mesa de trabajo para revisar la ley y definir umbrales de posesión que permitieran distinguir el consumo del microtráfico de drogas, y en julio de 2015 la Cámara de Diputados aprobó la moción, despachándola a la comisión de Salud.
Sin embargo, en esta etapa aumentaron las diferencias incluso dentro del oficialismo. ¿La razón? La comisión había autorizado el porte de 10 gramos de cannabis y el autocultivo personal de 6 plantas, tras lo cual pasó a votación en sala, donde el Ejecutivo introdujo indicaciones que modificaron drásticamente lo aprobado: de 10 a 2 gramos en el primer caso y de 6 a una planta en el segundo.
Así, la sala aprobó en general el proyecto, pero en la comisión revisaron en particular las modificaciones. En este contexto, además, los diputados DC Gabriel Silber y Sergio Espejo, juntos a los PPD Miguel Ángel Alvarado y Daniel Farcas introdujeron más cambios apuntando a prohibir el autocultivo en los hogares y centralizar la entrega de cannabis a las personas por medio de "proveedores".
Finalmente, fue rechazada la prohibición del autocultivo, pero aprobaron las indicaciones del Gobierno que bajaban los umbrales. Tras esto, la Corte Suprema emitió un crítico informe sobre el proyecto en trámite. Así, la iniciativa terminó estancada.
En este cuadro, Cariola presentó en julio de este año un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, permitiendo el cultivo de cannabis para el tratamiento de enfermedades mostrando exclusivamente receta médica. La iniciativa tampoco ha podido ser aprobada.
