Por Paula Comandari
La principal tarea que se autoimpuso Fernando Barraza al asumir como director del Servicio de Impuestos Internos (SII), en agosto de 2015, fue sacar al órgano fiscalizador del cuestionamiento mediático de entonces. Durante los últimos meses había sido habitual la exposición, no por temas económicos, sino que por las presuntas presiones políticas que el gobierno estaba ejerciendo sobre Michel Jorratt, entonces cabeza del servicio.
Ese escenario incomodó al ingeniero civil industrial incluso antes de asumir, porque suponía poner en riesgo la reputación de independencia que hasta entonces había tenido el SII, un órgano al que él le tenía aprecio: comenzó a trabajar ahí a los 30 años, como asesor del departamento de Informática con Benjamín Schutz a la cabeza, y luego lideró esa subdirección, desde 1999 hasta 2009, pasando por la administración de Javier Etcheberry y Ricardo Escobar. “Fue parte del equipo que modernizó el servicio, donde por primera vez se comenzó a hacer las declaraciones de renta por Internet y muchos otras transacciones en línea, cambios que revolucionaron a nivel mundial lo que se estaba haciendo”, dice Schutz.
En la era Escobar todo funcionó bien, hasta que a fines de su periodo lanzaron un innovador sistema de recuperación de IVA del exportador, un método que falló y generó el reclamo de ese sector, lo que terminó desencadenando su salida. “Fue un hombre que siempre hizo bien su trabajo, pero la circunstancia me obligó a pedirle la renuncia, por responsabilidad de mando”, comenta Escobar, recordando que la capacidad para solucionar conflictos, sin enredarse, fue siempre una fortaleza del actual director, quien antes de cumplir 25 años, ya era jefe de departamento de Sodimac.
Sus cercanos dicen que en varias oportunidades se negó a participar del concurso de la Alta Dirección Pública, que impulsaban los head hunters, para designar al director del SII. Él es ingeniero, sin expertise en el área de impuestos, lo que podía jugarle en contra. Pero la crisis al interior del organismo, terminó por convencerlo.
Entonces, era un secreto a voces que su intención era volver a la doctrina histórica del servicio, que antes de la administración Jorratt, priorizaba la acción pecuniaria (sanción económica), por sobre la penal, algo que le habría dado ventaja frente a los otros tres postulantes. Básicamente, porque calzaba con lo que varios en el mundo político buscaban en ese delicado momento: poner freno a las querellas que podían implicar a representantes de casi todo el espectro, desde la UDI al PS.
Es más: desde su círculo íntimo confiesan que el propio Barraza les ha comentado que si hubiese dependido de él, no se habría querellado contra las empresas vinculadas al financiamiento ilegal de la política.
El fiscalizador
Con la idea de definir su sello, apenas desembarcó en el servicio Barraza envió un comunicado a los más de 5.000 empleados para insistir que la misión del SII era recaudar la mayor cantidad de impuestos posible, y que por lo mismo era esencial fiscalizar y detectar las irregularidades, poniendo énfasis en las empresas que estaban bajo sospecha. Además insistió que el SII vivía la peor crisis de la historia y que por lo mismo tomar este desafío no era una tarea sencilla.
Tras ver las ineficiencias puertas adentro, Barraza rápidamente puso el foco en la gestión: removió a la mayor parte de los 20 directores regionales, y a algunos los cambió de zona, porque consideró que “llevaban demasiados años en esos cargos, y que había problemas de eficiencia, sobre todo a la hora de fiscalizar a las compañías”, dice un funcionario.
Como muestra de poder, dicen en el servicio, despidió al subdirector de Contraloría Interna y al de Servicio al Contribuyente, quienes llevaban más de 20 años trabajando para el organismo, sin darles la posibilidad de reintegrarlos en otras áreas. “Eso sería acumular grasa, lo que va en desmedro de todos los contribuyentes”, explicó al interior del SII, dando muestras de que en su administración las cosas iban a funcionar de otra manera.
En 2015 logró que la recaudación aumentara un 8,3%, una cifra histórica, influida por la reforma tributaria, y un porcentaje no menor por la gestión del director, dice un alto funcionario del servicio. Además, consiguió reducir la evasión en un 2,5%.
Paralelamente, creó una nueva subdirección, la de Asuntos Corporativos, con el objetivo de tener una mirada transversal del servicio. Y trajo de vuelta desde la Alta Dirección Pública a Christián Hansen, a quien había conocido en el SII varios años antes. Dicen que la reintegración de este último fue criticado al interior del servicio. “No se vio bien que integrara a la misma persona que había participado en su concurso”, replican desde el SII. Cercanos a Barraza afirman que en el proceso Hansen nunca participó, y que por el contrario, es un personaje clave en el buen funcionamiento del ente fiscalizador.
El informático
La decisión de no querellarse contra las empresas no fue sorpresiva para los que conocen bien a Barraza. Aunque reconocen que a diferencia de la doctrina Escobar, el director del SII es un convencido de que las empresas cometieron delitos, que hubo dolo, y que por tanto debe haber una sanción significativa en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), que puede ir desde la mitad, hasta el 300% del monto eludido.
Aunque causó profunda molestia, la decisión de no ir en busca de sanciones de cárcel, tampoco llamó la atención del Ministerio Público. Había pasado demasiado tiempo sin que el director tomara esa opción. De hecho, la última querella que presentó fue en mayo de 2016, en contra de los hijos del senador DC Jorge Pizarro, en el caso SQM. Y respecto al caso Penta, la última fue en octubre de 2015, contra Laurence Golborne.
El caso del ex candidato presidencial es bastante paradigmático. Muchos no entienden por qué el servicio se querelló contra quien recibió los dineros, pero no contra las empresas que entregaron los recursos: las compañías del grupo Angelini -Celulosa Arauco, Copec e Inversiones Siemens-; BCI, Caburga (de los Said), y Ripley, entre otras. Tildan la acción de Barraza como “arbitraria y discriminadora”. Él, en cambio, le ha explicado a sus cercanos que el servicio se rige por seis criterios a la hora de decidir querellarse contra una empresa o persona, entre ellos, montos de evasión, si hubo reiteración, asesoría tributaria, y si existe real posibilidad de conseguir una condena. Ha insistido que Golborne fue cómplice en el diseño de fórmulas de elusión (denunciadas por Roberto Carrasco), y que las demás empresas, si bien se equivocaron, y otras cometieron delitos, no mantenían prácticas ilícitas en forma habitual, como en SQM o Penta. “Es parte de las atribuciones del director del servicio, querellarse o no; incluso cumpliéndose todas las condiciones, Barraza puede decidir no hacerlo. La querella es una cosa excepcional”, dice Javier Etcheberry, ex director del SII.
Sin embargo, la decisión caló hondo en la opinión pública y Barraza se ha convertido en blanco de críticas de varios presidenciables y del propio Ministerio Público “porque si el SII no se querella o denuncia los hechos constitutivos de delitos tributarios, en verdad nos pone una barrera legalmente infranqueable", afirmó el fiscal nacional Jorge Abbott esta semana. Esto, porque para perseguir delitos tributarios es necesario la querella del ente fiscalizador.
En medio de las críticas, el SII emitió el lunes recién pasado un comunicado dando cuenta de todas las acciones emprendidas en el marco de los casos de financiamiento irregular de la política, en que asegura que se han cobrado más de $ 11.500 millones en diferencias de impuestos y que ha presentado más de 30 querellas. En el mismo texto anunció cinco nuevos recursos penales, entre otros contra el ex dirigente de RN Claudio Eguiluz, el ex administrador de la campaña de Piñera, Santiago Valdés, y el ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner.
Sus redes
Consultada una decena de abogados tributarios y penalistas, ninguno conoce personalmente a Barraza. Sus cercanos dicen que no tiene redes en el mundo político y, por lo mismo, nombró como director jurídico a un abogado con vínculos en todo el espectro, sobre todo en la Nueva Mayoría: Bernardo Lara, otro histórico del Servicio, que llegó a reconstruir la dirección jurídica del SII, dañada por los enfrentamientos entre el ex director Michel Jorratt y el jefe de esa área, Cristian Vargas.
En su círculo más cercano, Barraza ha comentado que son pocos los que hoy por hoy lo llaman para pedirle antecedentes, opiniones o para “pautearlo” en diferentes materias. A veces sus interlocutores se muestran escépticos, pero él les insiste que de los 10 abogados o empresarios que lo hacen, sólo dos terminan agendando encuentros, cuando se enteran que la condición es que se registre en la Ley de Lobby.
Algunos creen que Barraza quiere continuar su gestión en el próximo gobierno, algo que calza con lo que él mismo ha señalado: que el SII no puede depender de los gobiernos de turno ni de los ciclos políticos. De hecho, suele repetir entre sus amigos que él es el número 22 de los directores del SII, y que la cantidad de presidentes del país es mucho mayor, por lo que varios directores han trascendido a las administraciones. Y él quisiera ser uno de ellos.
En la sesión en que fue requerido en enero pasado por la Nueva Mayoría, para entregar antecedentes sobre el caso Exalmar y su vinculación con el ex Mandatario, a no pocos les llamó la atención que explicitara que Bancard le había informado sobre la operación en la pesquera peruana. “Se mantuvo siempre entre los parlamentarios de derecha, lo que fue leído como un guiño al sector”, cuenta una persona que presenció su intervención, catalogada por sus más cercanos como “demasiado benevolente con el ex Mandatario”.
