"En el ejercicio de su cargo como diputada de la República, consintió en que se sustrajeran fondos fiscales que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo" dice la querella presentada el viernes pasado por el Consejo de Defensa del Estado contra la diputada UDI, Claudia Nogueira.
A Nogueira se le acusa del delito de fraude al fisco por tres boletas que suman $4,2 millones y se cancelaron desde el fondo de asesorías por servicios que nunca se prestaron. Esto, según la autodenuncia realizada por la ex asesora de la tienda gremialista, Lily Zúñiga, quien en septiembre de 2016 explicó al Ministerio Público que su socio en la empresa de comunicaciones Connectiva y esposo de la parlamentaria, Gonzalo Cornejo, le pidió que emitiera los documentos tributarios, los cobrara y le entregara el dinero en efectivo.
Nogueira es diputada por Independencia y Recoleta desde el año 2006 y actualmente participa en las comisiones de Seguridad Ciudadana, Vivienda y Familia. También es parte de la comisión investigadora que indaga el fraude al interior de Carabineros.
Los hechos ocurridos durante el primer semestre de 2014 deben ser investigados por el Ministerio Público para resolver si son constitutivos del delito de fraude al fisco, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal y no corresponden a la primera vez que Nogueira se ve enfrentada a una causa similar. En el año 2010, tuvo que llegar a acuerdo con el entonces fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott al ser acusada de uso irregular de asignaciones parlamentarias.
El 7 de abril de ese año, la parlamentaria fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por fraude al fisco a raíz de una querella presentada por el propio CDE. En la audiencia, se expuso que Nogueira utilizó $28 millones para pagar asesorías que no se realizaron. Dichos fondos, aseguró la fiscalía, fueron traspasados a una cuenta corriente bi personal que mantenía con su marido. También se cuestionaba el arriendo en $1,9 millones de una oficina que también usaba la empresa GMA.
Aunque el tribunal otorgó dos años para investigar esa causa, finalmente llegó a un acuerdo para la suspensión condicional del proceso. En la salida alternativa conversada se establecía que Nogueira devolvía la suma de $30 millones 238 mil al Estado más $5 millones adicionales que fueron donadas a la fundación Un Techo Para Chile (hoy, Techo). Además, debió firmar mensualmente durante un año y medio.
En declaraciones que recoge La Tercera, Nogueira dijo en octubre de 2010 que "el acuerdo ha sido voluntario y he instruido a mis abogados que lleguen a él de forma de terminar esta situación".
