Una desagradable noticia para sus filas recibió este jueves la cúpula del Partido Comunista tras la querella presentada por el Partido Regionalista Independiente (PRI) en contra del presidente del PC, Guillermo Teillier, los militantes Ricardo Castro y Pablo González, y el desconocido -pero relevante cuadro de la tienda- José Ricardo Solé, por supuestos contratos simulados, estafa, falsificación de documentos públicos o auténticos, y eventual uso malicioso de instrumento público falso.
Es que el jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella por la compra por parte de una sociedad compuesta por Castro y González de las más de 100 propiedades que el PC vendió por más de $3.000 millones a través de otra sociedad. "Teillier queda imputado", escucharon algunos militantes. "Eso le pasa a cualquiera a quien se le imputa un delito, lo importante es que no lo formalicen", explicaron los conocedores de los procesos legales.
La trama de la millonaria compraventa comenzó a inicios del año pasado, cuando la colectividad se propuso cumplir con la ley de Partidos Políticos que entró en vigencia en abril de 2016. Entre otras cosas, la normativa estableció que no más de un tercio de los inmuebles de las tiendas puedan ser usados con fines no partidarios. Y como el PC invirtió las millonarias indemnizaciones que recibieron por el daño patrimonial que sufrieron en dictadura en propiedades en vez del mercado de capitales -como fue el caso del Partido Socialista-, en la dirigencia comunista decidieron vender parte de sus inmuebles para cumplir con la ley que entraba en implementación.
Sin embargo, el tipo de compra, las características de los oferentes, los plazos y las declaraciones de los militantes compradores despertaron una serie de dudas que terminaron en dos acciones de la oposición: la querella del PRI ante la justicia por supuestos contratos simulados y una denuncia de diputados de la UDI y RN ante el Servicio Electoral (Servel) por el eventual incumplimiento de la ley de partidos.
Por su parte, el PC acusó en la acción judicial una "querella chapucera", "una acción mediática", "una muestra más del anticomunismo de la derecha" y que la oposición estaba buscando un "empate" ante las ofensivas judiciales que ha encabezado el diputado del partido, Hugo Gutiérrrez. Sobre todo, después de que el lunes pasado el parlamentario recurrió a la Contraloría junto al también diputado comunista, Daniel Núñez, para que investigue el actuar del ex Presidente Sebastián Piñera por supuestas inversiones en AntarChile -empresa controladora de Corpesca- mientras se tramitó en el Congreso la Ley de Pesca.
Los pasos de la transacción
El contrato de venta y cesión de acciones entre el PC y la Sociedad de Inversiones Progreso SpA celebrado ante notario -y al que tuvo acceso T13 Semanal- establece que en octubre de 2016 "comparecen, por una parte y como vendedor y cedente, el Partido Comunista de Chile, como persona jurídica, representado por Guillermo Teillier", y por la otra "como compradora y cesionaria, la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, representada por José Ricardo Solé".
Según el contrato, el PC es dueño de cuatro mil acciones de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, las que, siendo representado por Teillier ante el notario en octubre de 2016, "vende, cede y transfiere, a la Sociedad de Inversiones Progreso SpA", en $3.086.880.555, a pagar en 142 cuotas mensuales. Araucaria administraba más de 100 propiedades del partido, según declararon después los dirigentes comunistas.
En el contrato, el representante de la Sociedad Progreso es José Ricardo Solé, quien ha asumido importantes roles partidarios, como encargado electoral, apoderado general del PC ante el Servel en las elecciones, e integrante del Tribunal Supremo y el Comité Central del partido.
Sin embargo, según consta en el Diario Oficial previamente, el 2 de septiembre de 2016 los militantes del PC, Ricardo Castro y Pablo González, constituyeron la Sociedad de Inversiones Progreso SpA, cuyo capital era de cinco millones de pesos. Tras esto, el 20 de septiembre, designaron a Solé como gerente general de la sociedad, quien fue el representante que compró las acciones del PC a Araucaria.
Adicionalmente, según denuncia el PRI, el 20 de marzo de 2017 el PC protocoliza un contrato de repactación de la deuda fechado el 5 de noviembre de 2016 en el que modifican una cláusula de la venta y cesión difiriendo el pago de las 142 cuotas en su inicio para el mes de febrero de 2017.
En paralelo, la cláusula cuarta del cuestionado contrato establece la prohibición al comprador de gravar y enajenar las acciones sin previo consentimiento de la colectividad.
En tanto, a mediados de este mes la tienda se defendió a través de un comunicado público de su Comisión Política: "La decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA es una decisión que se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros. En este sentido, en primer lugar, se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones".
Pese a esto, y con algunos de los datos al descubierto a través de publicaciones de La Tercera, el cuadro comenzó a generar dudas en la oposición e incluso en organismos de fiscalización como Chile Transparente y el propio Servel.
Lo anterior se acrecentó después de que Ricardo Castro admitió en una entrevista en La Segunda el pasado lunes que su capital y sueldo no correspondían al perfil del comprador de una transacción millonaria como la descrita. Es más, el doctor en Matemáticas y académico de la UTEM reconoció que su renta bruta es de $2.375.963 y que “el partido se vio forzado a vender en 2016 con el cambio de ley". Pese a esto, declaró no saber por qué fue el elegido: "Gente de confianza para hacer la transacción había mucha, pero por qué yo, no lo sé", advirtió Castro.
El comunista explicó que "para vender se requería seriedad, alguien que no fuera a perjudicar la imagen del partido". Además, "había otro requisito para la persona que comprara: no podía estar vinculado a grandes capitales. El partido no ha tenido nunca en la historia y no puede tener conflictos con el gran capital. ¿Y quién puede disponer de esa plata? ¿Quién puede tener $3.500 millones o ser sujeto de crédito bancario por esa cantidad?”, interpeló en la entrevista el militante.
Acusaciones y escenarios futuros
Tras su aparición en la prensa, Castro ha evitado referirse al tema nuevamente, siendo asesorado por la dirigencia del partido, quienes el pasado martes reaccionaron de forma coordinada desde el Congreso ante la arremetida judicial del PRI y administrativa de los diputados UDI y RN ante el Servel.
"Se realizaron una serie de actos contractuales de carácter simulado, decimos que es simulado porque no fue hecho para entrar al mercado de valores, sino que fue creada para vulnerar la ley. Los dirigentes del PC llamaron a estas personas militantes para que constituyeran esta sociedad con el objeto de que esta sociedad, otorgando un mandato a un gerente general en septiembre de 2016, le diera el poder para comprarle las acciones inmobiliarias al PC", sostuvo el secretario general del PRI Eduardo Salas el pasado martes tras presentar la querella junto a otros dos abogados de la tienda.
En tanto, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, advirtió a T13 Semanal que "no es posible creer que una sociedad con un capital de cinco millones de pesos compre propiedades de un valor de $3.500 millones, a diez años, y que el mismo comprador no sepa por qué se le eligió". El parlamentario advirtió: "¿Quién recauda estos dineros? ¿El PC paga por algunos de estos inmuebles como sede? Son muchas las interrogantes sobre la utilización de las propiedades".
Por su parte, el PC anunció que se defenderá ante la justicia e insistieron en que el trámite fue "legal y limpio, se dio en el marco de la ley y cumpliendo con la nueva normativa de los partido políticos", argumentó Teillier desde el Congreso. Pese a esto, y de acuerdo a la ley, definieron que entregarán todos los antecedentes que sean necesarios al Ministerio Público "para acreditar la falsedad de esta acusación". Adicionalmente, el diputado Hugo Gutiérrez aprovechó de disparar en contra del PRI: "Le recomendaría al abogado que presentó la querella en contra del PC, que siga en el giro que tiene, de defender narcotraficantes, y que se deje de juntar con estos partidos, en los que aparentemente también habrían narcotraficantes" afirmó el parlamentario.
Desde la dirigencia del PC reiteraron a T13 Semanal que la venta está acorde a la ley y que las características de la transacción se deben a que las otras alternativas los perjudicaban: optar por un fideicomiso ciego no les pareció, menos tras la polémica que protagonizó el PS con sus acciones. Además, con el poco tiempo que contaban entre la promulgación de la ley y sus plazos, los inmuebles habrían conseguido precios por bajo el valor que esperaban.
Pese a lo anterior, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, advirtió a T13 Semanal que "el PC tendrá que dar muy buenas explicaciones para demostrar que aquí no estamos en presencia de un contrato simulado o alguna otra forma de tratar de aparecer como una compraventa algo que potencialmente no lo es". De todas formas, Precht sostuvo que los tribunales tendrán que establecer si hay un delito, ya que podría darse que Castro logre pagar la compraventa "en condiciones bastante favorables para el comprador", si es que logra pagar mensualmente las cuotas, por ejemplo, poniendo en arriendo los inmuebles a particulares sin relación con la colectividad, constituyendo en este caso otras figuras jurídicas.
Con todo, mientras este jueves la Justicia admitió a trámite la querella contra los militantes del PC -por lo que Teillier se encontraría "imputado"-, el Servel entregará los antecedentes solicitados por los parlamentarios de Chile Vamos en aproximadamente dos semanas. Con ellos, los diputados de oposición también esperan llegar a la justicia, donde los comunistas se defenderán y, según esperan, saldrán "nuevamente invictos".
