El 23 de diciembre es la fecha máxima para que el Tribunal Constitucional zanje la disputa entre la oposición y el Gobierno por la glosa de la ley de prespupuesto que fija los montos y las condiciones para acceder a la gratuidad universitaria en 2016.
Hoy el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso interpuesto por 31 parlamentarios de la oposición, que cuestiona que una política permanente como la gratuidad se fije a través de la ley de presupuesto y califican de "discriminatorios" los criterios para determinar quiénes acceden al beneficio el próximo año.
Ya despejada la admisibilidad comenzará una ronda de audiencias y alegatos para que el tribunal fije posición frente al recurso.
Para entender lo que se viene y lo que está en juego en T13 te mostramos seis preguntas para entender el proceso.
¿Qué plantea el requerimiento?
El escrito de 71 páginas interpuesto por parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli costa de cuatro capítulos: Preceptos Impugnados; Cumplimiento de requisitos para acogerlo a trámite y declararlo admisible; Vulneración al contenido constitucional de la ley de presupuestos; y, finalmente, Vulneración a la igualdad de oportunidades, la no discriminación arbitraria e igual protección en el ejercicio de los derechos de las personas.
Los ejes de la impugnación son dos:
1) Cuestionamiento al uso de la ley de presupuesto: Los parlamentarios impugnan la implementación de políticas públicas permanentes a través de la ley de presupuesto.
En concreto sostienen que el contenido de la glosa de gratuidad impone una regulación sobre educación superior que excede el contenido constitucional del erario, dispuesto en su artículo 67.
Por otro lado, acusan que se limita “indebidamente el debate democrático” en el Congreso, debido a los plazos acotados que tiene la tramitación de la ley de presupuesto.
2) “Discriminación arbitraria”: En el documento los parlamentarios acusan arbitrariedades en los criterios para determinar qué estudiantes reciben la gratuidad y cuáles no.
¿Por qué consideran que la gratuidad es "discriminatoria" y "arbitraria"?
La glosa aprobada por el Congreso establece que podrán acceder estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles que cursen estudios en universidades del Consejo de Rectores, además de privadas que cumplan con los siguientes requisitos: al menos cuatro años de acreditación, no contar con sociedades que puedan lucrar y contar con mecanismos de participación estudiantil consagrados en sus estatutos. En el caso de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, el requisito es que sean sin fines de lucro.
Así, en el requerimiento, los parlamentarios plantean que estos requisitos para las privadas y los IP y CFT “constituyen una abierta discriminación arbitraria hacia estudiantes igualmente vulnerables y que libremente han elegido instituciones de educación superior diversas”.
Para defender su punto acusan un “incumplimiento” por parte de Universidades del Consejo de Rectores de los criterios que se le exigen al resto de las instituciones y no a ellas.
- Plantean que mientras a las privadas y a los CFT e IP se les exige tener 4 años de acreditación, 4 Universidades del Consejo de Rectores sólo tienen 3 años de acreditación.
- Acusan un incumplimiento de al menos 4 estatales del requisito de contener en sus estatutos la participación estudiantil y de personal no académico, con derecho a voz o voto en algún órgano colegiado de la administración o dirección central de la institución.
- Denuncian incumplimiento de las universidades del Cruch (estatales y privadas) de no contar con participación de sociedades relacionadas.
¿Qué le piden al TC?
Junto con solicitar que el tribunal declare como inconstitucional la glosa, solicitan que los recursos sean reasignados a través de becas “para los estudiantes más vulnerables, y sin discriminación”.
Plantean que en caso que el TC determine que no se vulnera la constitución en relación a ese punto, se eliminen los requisitos adicionales que –a juicio de ellos- se fijaron “arbitrariamente” hacia las universidades privadas y CTF e IP.
¿Qué implica que sea admisible el requerimiento?
Que el recurso cuenta con las condiciones de forma para ser analizado por el tribunal y que constituye un tema posible de revisar por éste. El fondo del requerimiento será materia de los alegatos.
"Cuando el TC declara admisible el recurso lo que significa es que inicia su tramitación, vendrán los alegatos y nosotros vamos a defender nuestra posición", enfatizó el vocero de Gobierno Marcelo Díaz.
¿Cómo serán los alegatos?
Hoy el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento. De esta forma se abrirá un proceso de alegatos.
Para esto el tribunal fijó un periodo de audiencias en la que podrán participar instituciones y organizaciones vinculadas al tema, las que deberán inscribirse a más tardar el lunes 7 de diciembre a las 13:00 horas. Las audiencias públicas se realizarán el miércoles.
El Gobierno tendrá hasta el próximo martes para entregar por escrito sus descargos, que están a cargo de la ex ministra de la Segpres, Paulina Veloso. Para el jueves 10 se agendaron los alegatos.
Según informó hoy el relator del tribunal, el plazo máximo para entregar la sentencia será el día 23 de diciembre, es decir, sólo cuatro días antes que comiencen las postulaciones de los estudiantes a las universidades.
El proceso ante el TC ha generado incertidumbre entre los egresados de la educación media, que aún no saben si tendrán o no gratuidad.
¿Qué pasa si el TC rechaza los criterios de la gratuidad?
El Gobierno insistió hoy que "la gratuidad va", más allá del fallo. Si bien en un primer momento se habló de una posible "ley corta" para regular el inicio de la gratuidad en 2016, el Ejecutivo ha dicho que se optará por una vía "administrativa".
En este sentido, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció en Tel13 Radio que acotar el beneficio a las universidades del Cruch vía aportes basales "es una posibilidad".
Consultado sobre este posible "plan B" este jueves el vocero de Gobierno remarcó que "vamos a adoptar todas las medidas en el evento de que el fallo del TC no nos fuera favorable para asegurar que el próximo año comience la gratuidad porque es uno de los mayores anhelos, demandas y aspiraciones de los chilenos y nosotros vamos a cumplir".
Este es el fallo que declaró admisible el recurso
