Este miércoles en la mañana y desde el Congreso, el ministro de la Segpres Gabriel de la Fuente (PS) explicó el proyecto sobre el cumplimiento de las penas de los condenados por violaciones a los derechos humanos, restando solo dos semanas para que termine el año legislativo de su gobierno.
La iniciativa enviada por la Presidenta Bachelet elimina el indulto presidencial ante los delitos de lesa humanidad, pero le da la opción a los condenados de acceder a beneficios para cumplir su condena de forma alternativa -como el arresto domiciliario-, tras pedir perdón y entregar información relevante sobre los casos.
Ante la polémica que ha causado el sorpresivo proyecto, De la Fuente no quiso ahondar en la materia y adelantó que el jueves en la mañana el ministro de Justicia, Jaime Campos (PR) y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, entregarán los detalles.
Consultado al respecto por la prensa, el ministro de Estado explicó que "el proyecto lo que pretende es regular los temas de acceso a los beneficios de libertad condicional y a otros de aquellas personas que están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad y que tengan enfermedades terminales o que sean personas enajenadas, locos o dementes".
El titular de la Segpres argumentó que "hoy todas estas personas tienen derecho a recurrir a tribunales para los efectos de ser objetos de algún beneficio de las penas. Lo que se establece aquí es que en el caso de estas situaciones muy excepcionales, que son enfermedades terminales o demencia, estas personas van a poder tener una manera alternativa del cumplimiento de penas, en tanto se cumplan ciertos requisitos, tales como el perdón y a la entrega de información relevante".
El secretario de Estado advirtió que "respecto de los indultos, establece que estas personas, al igual como lo establece la Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos terroristas no pueden ser objeto de indultos" y que si bien "la iniciativa pretende establecer ciertas reglas de orden humanitario, no tiene por objeto bajo ningún punto de vista favorecer a violadores de derechos humanos".
La normativa entró por el Senado y sin urgencia legislativa, por lo que sería tramitada por el nuevo Congreso 2018.
