"Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos".
Con estas palabras el canciller Heraldo Muñoz comunicó que Chile ingresó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya.
Se trata de un proceso paralelo al relativo a la pretensión boliviana de lograr una salida con soberanía al mar, en la que buscan que se determine que el Silala es un río internacional y que por lo tanto Chile tiene derechos sobre ese curso de agua.
El canciller Muñoz planteó que "Chile ha hecho intentos serios y variados para solucionar amistosamente esta discrepancia a través de la negociación, los que han fracasado por la reiterada negación de Bolivia, de negar los derechos de nuestro país".
"Por consiguiente, hemos demandado a Bolivia para que esta institución resuelva esta disputa, reconozca nuestra posición jurídica conforme a derecho y para proteger nuestros recursos naturales y dar certeza jurídica a los derechos que le asisten a Chile", enfatizó.
El pasado 23 de marzo, en el marco del Día del Mar, Evo Morales, anunció que su país demandaría a Chile por el uso "abusivo" de las aguas del Silala, que a juicio de su gobierno corresponden a un manantial.
Según explicó el canciller, uno de los hechos que motivó la demanda es que Bolivia ha dicho que la presentación de su libelo tomará cerca de dos años.
"Chile no puede permitir que Bolivia pretenda instrumentalizar el derecho internacional como vehículos de hostigamiento político", comentó Muñoz.
En concreto, la demanda pide cinco cosas:
- Que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional.
- Que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala en conformidad del derecho internacional.
- Que bajo el estándar de uso equitativo y razonable, "Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del rio Silala".
- Bolivia tiene "la obligación" de tomar todas las medidas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultante de sus actividades en las cercanías del Silala.
- Que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificar "oportunamente" las medidas que haya planificado y que pueda tener "un efecto adverso" en los recursos hídricos compartidos, intercambiar antecedentes e información y de conducir cuando sea apropiado un estudio de impacto ambiental.
