Nuevos antecedentes complican al administrador de La Moneda Cristián Riquelme. Esto luego que Ciper Chile diera a conocer los millonarios contratos con el Estado sostenidos por dos empresas creadas por el ingeniero e integrante de la G-90.
Según la investigación las firmas Comercial A y R –cuyo nombre de fantasía es Socoar- y Greentec acumulan pagos por $417 millones durante 2013 y 2015, por medio de 39 órdenes de compra en servicios vinculados principalmente a la entrega de prestaciones de salud pública.
La publicación señala que si bien Riquelme ya no es socio de las compañías, éstas quedaron en manos de sus cercanos. En el caso de Comercial A y R su esposa, Ada Álvarez, figura con el 65% de las acciones, mientras que el 35% restante está a nombre de David Arévalo, quien durante el primer gobierno de Bachelet se desempeñó como jefe de adquisiciones de la Presidencia.
Pese a todo, Riquelme permaneció como socio de la firma hasta después de haber asumido como administrador en La Moneda. Según Ciper, el 30 de septiembre de 2014 vendió las acciones a su padre, quien un año después traspasó su participación a su nuera y a Arévalo, quien actualmente figura como representante legal. De acuerdo al medio, durante el gobierno de Piñera Arévalo trabajó en el Hospital Roberto Del Río, entidad que figura como uno de los principales compradores de la otra sociedad creada por Riquelme, Greentec.
Según Ciper, la dirección de Comercial A y R es José Miguel de la Barra 536, oficina 601, que es propiedad de Harold Correa, Alex Matute Johns y Daniel Ulloa. Se trata de la misma dirección de la sociedad de los dos primeros - Harold’s & Johns Business & Law Limitada- que ha estado en los medios debido entre otras cosas por haber recibido un préstamo de Asesorías y Negocios, firma de Giorgio Martelli.
De acuerdo a la publicación la sociedad logró 27 contratos con organismos públicos, por un total de $188 millones durante 2015. 22 de ellos se obtuvieron a través de un convenio marco –que permite que el Estado pueda comprar sin licitación- por $142 millones
En tanto, en el caso de Greentec, el mismo 11 de marzo, cuando Bachelet regresó a La Moneda, Riquelme buscó traspasar las acciones a su esposa, pero la operación debió ser anulada por ser ilegal (dado que la ley impide compraventas entre cónyuges no separados judicialmente). Finalmente Julio Campos Quintana quedó con su participación (67%) de las acciones mientras que Rocío Manzanares mantuvo un 33%.
De acuerdo al medio, el principal comprador de esta firma ha sido el hospital Roberto del Río, el mismo donde Arévalo –representante de la otra sociedad fundada por Riquelme, Comercial Ay R- desempeñó funciones: Los pagos alcanzan los $228 millones, de los cuales $86 millones se han concretado durante el gobierno de Bachelet.
Pese a que Riquelme se desprendió de las acciones Ciper da cuenta que una orden por concepto de climatización está a su nombre . Junto con esto, su domicilio particular aún aparece como la residencia legal de Greentec.
El complejo escenario de Riquelme
Durante los últimos meses se han intensificado las presiones -tanto de oficialismo como de oposición- para remover del cargo al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
El funcionario ha sido objeto de críticas por haber visado el borrado de los archivos del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda y por haber recibido en el propio palacio de Gobierno al gestor inmobiliario Juan Díaz, quien se encuentra con arresto domiciliario total tras ser formalizado por presunto soborno y como cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas.
De hecho el informe de la Comisión Caval aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados reprocha al Gobierno por la permanencia del funcionario.
A inicios de febrero el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, blindó a Riquelme, señalando que "la continuidad de un funcionario en su cargo es una materia que le corresponde al Gobierno".
La semana pasada Riquelme sumó un nuevo flanco, luego que se conociera que había omitido aspectos de su declaración de patrimonio. Una vez que actualizó la información, se supo que el ingeniero sumaba más de $500 millones en propiedades.
Hoy el ingeniero y miembro de la G-90 suma un nuevo antecedente a raíz de los millonarios contratos revelados por Ciper.
