Era uno de los proyectos clave del gobierno. La reforma laboral pasó más de un año de tramitación en el Congreso para ser despachada el 6 de abril pasado. Sin embargo, la oposición anunció que recurriría al Tribunal Constitucional (TC), organismo que este miércoles declaró inconstitucional la norma de titularidad sindical.
Ahora, desde La Moneda, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, anunció que el gobierno evaluará recurrir a un veto presidencial al TC, dependiendo del contenido del fallo, que afecta directamente a uno de los puntos más relevantes de la reforma, considerado como "el corazón" del proyecto.
En tanto, la norma sobre extensión de beneficios fue objetada parcialmente por el TC "respecto de los nuevos afiliados al sindicato”.
Se trata de la segunda reforma clave del gobierno de Bachelet en ser objetada por el tribunal. En diciembre de 2015, se había declarado discriminatoria la glosa de gratuidad universitaria, argumentando "diferencias injustificadas entre estudiantes vulnerables", en el marco de los requisitos de elegibilidad determinados para los estudiantes.
El dictamen se conocía a menos de un mes de las postulaciones a las universidades, lo que forzó a La Moneda a enviar una ley corta que permitiera subsanar los aspectos objetados por el tribunal.
Luego de un trámite exprés en el Congreso, la normativa quedó en condiciones para su promulgación, permitiendo que un total de 125.392 alumnos accedieran al beneficio, según la última estimación del Mineduc, entregada esta jornada.
Hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteó que a diferencia de la gratuidad "no tenemos esas restricciones de tiempo y queremos darnos el tiempo preciso para hacer lo correcto".
La decisión sobre el camino a seguir se tomará sólo una vez que se conozca el texto definitivo del fallo del TC.
