Tras la aprobación de la norma este jueves en el Congreso, La Moneda apuró los tramites ante Contraloría para promulgarla. Y así, impedir que parlamentarios opositores alcanzaran a presentar antes una reclamación ante el Tribunal Constitucional, congelando su entrada en vigencia.
Nathalie Catalán
“Ayer promulgamos una ley que endurece las penas y multas contra quienes infringen las normas sanitarias y las cuarentenas. Esta ley aumenta las penas hasta 3 años de cárcel en los casos más graves, y hasta 5 si la persona que la infringe sabe que es contagiante”. Los dichos son del Presidente Sebastián Piñera, quien pasadas las 14.30 de este jueves realizó una ceremonia en La Moneda para destacar esta nueva normativa, despachada ayer por el Congreso.
Para La Moneda se trata de una norma clave para enfrentar el complejo escenario de altos contagios por coronavirus y, al mismo tiempo, las dificultades que se han presentado para hacer disminuir la movilidad de las personas pese a las cuarentenas decretadas, al menos, en cifras que colaboren en detener la propagación del virus. El asunto, de hecho, ha sido abordado varias veces esta semana por los ministros del Interior y Salud, Gonzalo Blumel y Enrique Paris.
Más allá de la pelea con el virus, el mensaje del Presidente de que la ley había sido promulgada ayer tenía como principal destinatario a un sector de la oposición, particularmente, diputados del PS, PPD, PC y el Frente Amplio, quienes habían ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), para que frenara la promulgación de la norma.
Esto, luego de que ayer, durante la votación en la Cámara Baja, el diputado PS Marcos Ilabaca hiciera una reserva de constitucionalidad.
En ese momento, la carrera había comenzado: apenas concluyó dicha sesión, el parlamentario activó contactos para reunir las cuarenta firmas necesarias para realizar la presentación ante el TC.
La premura del parlamentario se explicaba porque, de acuerdo a las normas vigentes, debía ingresar el requerimiento al tribunal antes de que el Presidente Piñera promulgara la norma.
Asì se encargaban de recalcar hoy en el Gobierno, citando el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que “para los efectos de la oportunidad en que debe formularse el requerimiento, la promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio”.
Y de acuerdo a la versión del Gobierno, este decreto ingresó a Contraloría ayer a las 18.43 horas. Por lo que, insisten en La Moneda, la ley ya está promulgada. Incluso, agregan, será publicada en el Diario Oficial en las próximas horas.
En el PS, sin embargo, poco antes de que Piñera hablara en La Moneda, divulgaron un documento del Tribunal Constitucional en que se señala que revisarán el requerimiento este viernes, en sesión extraordinaria. Aunque en La Moneda enfatizan que es un documento administrativo que sólo da cuenta de haber recibido la presentación opositora y que este viernes, al revisar los antecedentes, el TC debería desestimar el reclamo, por haber sido presentado fuera de plazo, después de la promulgación de la norma.
En este escenario, los parlamentarios acusaron el golpe. Ilabaca señaló que “sorprende que en menos de 24 horas el Gobierno ponga celeridad a este proyecto… no vemos la misma celeridad en proyectos que buscan beneficiar a la ciudadanía, como el que prohíbe el corte de los servicios básicos”. A su turno, la diputada PPD Andrea Parra señaló que “sorprende la agilidad del gobierno para anunciar el aumento de sanciones… todo lo que signifique sanción y control entusiasma a este gobierno y se vuelven extremadamente ágiles”.
