Hasta el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Valparaíso llegó, el 27 de noviembre de 2014, la jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, para protagonizar, junto al presidente del TC, Carlos Carmona, la presentación de la reedición del libro “Fundamentos de Derecho Ambiental”.
La obra, que se centra en una materia conocida por Uriarte, fue escrita incialmente en 2007 y reeditada por el actual contralor Jorge Bermúdez Soto (47), con quien la mano derecha de Bachelet tiene diversas amistades en común. Esto, considerando que al igual que la ex directora de la Conama, el jefe de la Contraloría ha dedicado parte de su carrera profesional, y sobre todo académica, a materias vinculadas al medio ambiente: Bermúdez tiene post-doctorado en Derecho Ambiental en las universidades de Giessen y Heidelberg, ambas en Alemania.
El nexo con Uriarte, explican La Moneda, fue clave para que Bachelet considerara su nombre entre los candidatos para asumir la Contraloría luego de que terminara el período de Ramiro Mendoza a cargo del organismo. Todo esto, luego que la primera opción de la Mandataria y del gobierno, Enrique Rajevic, fuera rechazada en el Senado, instancia clave que debía ratificar la nominación a fines de 2015.
¿Conoces a Jorge Bermúdez? Habría consultado Bachelet ante su -por esos días- ministro del Interior Jorge Burgos, en medio de la búsqueda de un nombre para la instalarlo como el candidato de Palacio para la Contraloría.
Esa pregunta, trascendió más tarde, habría surgido luego de que la propia Uriarte respaldara ante Bachelet las aptitudes del jurista especializado en derecho administrativo, recomendación que tuvo efectos en La Moneda: en los días posteriores a la sugerencia de la Presidenta, Bermúdez se entrevistó con Burgos, el responsable de negociar los votos en el Senado.
En dicho encuentro, que selló el respaldo del Gobierno hacia su postulación, Bermúdez dio cuenta de un perfil muy técnico y apolítico, abordó la necesidad de modernizar la Contraloría y puso especial hincapié en la importancia de preservar la probidad en medio de los diversos casos de corrupción que por esos días permeaba transversalmente al mundo político.
"No tiene padrinos políticos... si bien se podría ubicar como alguien con sensibilidad de centro izquierda, nunca ha militado, no tiene esa carga... su perfil es eminentemente técnico y es muy celoso de la independencia", reseña una ex alta autoridad de Gobierno. "Es una persona seria, muy independiente y capaz... sereno, no se deja amilanar por los conflictos y es respetado por moros y cristianos", acota por su parte una alta fuente de la oposición.
Miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, tras su exposición en el Senado, asumió el 17 de diciembre en su cargo, tras ser aprobado en forma unánime por los legisladores.
Paso transversal por gobiernos
Hoy, en momentos en que la Fiscalía indaga la denuncia hecha a través del diario La Tercera por Bermúdez, de que cinco funcionarios de gobierno podrían haber incurrido en negociación incompatible, el contralor enfrenta críticas a la forma en que dio a conocer los hechos y las expectativas que generó respecto de dos funcionarios públicos que tendrían un patrimonio multimillonario y cinco autos de lujo.
Para algunos analistas, Bermúdez no tuvo el cuidado político necesario a la hora de dar cuenta de una situación que, tal como fue descrita, daba cuenta de casos de corrupción de mayor cuantía.
Quienes lo conocen sostienen que, producto de esta ausencia de nexos con los partidos, es un fiscalizador "difícil de manejar y porfiado". Esto, pese a que si bien un perfil apolítico, tiene experiencia colaborando con gobiernos de manera transversal.
Trabajó en reparticiones públicas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, períodos en los que desempeño en la Corporación Nacional Forestal V Región, en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca por un año hasta 2002.
Durante el primer gobierno de Bachelet, en tanto, el abogado de la PUCV participó como consultor en proyectos de la Conama y más tarde como asesor en temas ambientales vinculados a ENAP, labores que mantuvo hasta poco tiempo después que asumiera la Presidencia Sebastián Piñera, en 2010.
Más tarde, en paralelo a su carrera como docente, se sumó al gabinete del senador Andrés Allamand, quien por esos días ejercía el rol de ministro de Defensa. Esto, marcando su prescindencia de los conglomerados, según relatan fuentes que trabajaron con él en esa época.
Otro hecho que da cuenta de su desapego hacia los colores políticos fueron sus participaciones en dos acusaciones constitucionales. La primera, respaldando la labor de la ex ministra de Educación y actual diputada de la DC Yasna Provoste, y la segunda, haciendo lo mismo pero en defensa del también ex titular de la cartera, Harald Beyer, durante el gobierno de Piñera.
Un ejemplo reciente de que su cargo puede incomodar a ambos lados del espectro político, tiene relación con que, en la misma semana en que lanzó la denuncia sobre los funcionarios públicos -con antecedentes "bastante preliminares", según el fiscal a cargo- emitió un dictamen que impactó también en el piñerismo.
Se trata de un documento de la Contraloría que llama a aplicar de manera extensiva la nueva ley de probidad (20.880), que obliga a las autoridades que posean un patriminio por sobre US$ 1 millón a vender el excedente o a establecer mandatos de administración (como fideicomisos ciegos). La ley habla de que la obligación rige para los "titulares" de las acciones; el contralor dice que se debe aplicar también a quienes "mantienen tales títulos por intermedio de sociedades de inversión u otras entidades constituidas al efecto". Es decir, aplicaría ambién sobre sociedades vinculadas al ex Presidente.
Wanderino y ciclista
Junto a su interés por el derecho administrativo y ambiental -además del post doctorado en Alemania tiene un Master en Derecho Comunitario Europeo por la U. Autónoma de Madrid y es doctor en Derecho por esa misma casa de estudios-, Bermúdez es conocido por su afición al ciclismo.
Según comentan en su entorno, el abogado dedica varios de sus fines de semana a pedalear e incluso ha viajado a Europa para recorrer circuitos de gran dificultad. Muestra de su afición a la bicicleta se evidencia en un canal de Youtube a su nombre que registra una de sus participaciones en una carrera en Viña del Mar, en 2009.
Su afición por el ciclismo explica, en parte, por qué hace unos días, invitado a la inauguración del año académico en su alma mater, la PUCV, usó una imagen del texano Lance Armstrong, siete veces ganador del Tour de Francia que terminó su carrera en medio de un escándalo por dopaje. Con esa imagen dio pie a su charla sobre por qué la gente comete actos reprochables, para hablar sobre la corrupción.
Otra de las aficiones de Bermúdez es el fútbol. Intimamente ligado a su ciudad natal de Valparaíso, donde vive hasta ahora pese a trabajar en Santiago, el Contralor se reconoce como hincha de Santiago Wanderers, equipo fundador del deporte en la zona y el país a fines de 1800.
Ejerciendo el rol contralor
Según comentan quienes han trabajado con Bermúdez, una de las características que lo define -además de su desapego con la política-, es su interés en que la Contraloría tenga la mayor independencia posible de los gobiernos de turno. “La Contraloría no puede transformarse, y es lo que peor que podría pasar, en un brazo armado de algún grupo político”, dijo en una entrevista realizada en junio del año pasado.
Según explican sus ex colegas, el abogado tiene un apego estricto con la probidad. Lo señalan como un profesional con características pedagógicas evidentes. “Es de los que llega temprano y se va tarde, pese a que vive en Valparaíso”, dice un ex compañero de trabajo.
Otro de los sellos que definen a Bermúdez es su “bajo perfil” y “sencillez”. “Yo no quiero aparecer como alguien que quiere ganar cámaras o presencia en los medios, yo simplemente quiero hacer mi trabajo y que la Contraloría sea la que vaya posicionándose”, aseguró Bermúdez en los meses siguientes a que asumiera el control del edificio de Teatinos 56.
Por lo mismo, es que a no pocos les llamó la atención la "puesta en escena" con que hizo el anuncio de la fiscalización que derivó en estos cinco casos pasados a la justicia y los otros dos -autos de lujo y patrimonio de dos mil millones- que siguen siendo investigados por Contraloría como potenciales delitos de enriquecimiento ilícito.
Pero esta no es la primera medida que pone en alerta al mundo político. En agosto de 2016 la Contraloría ordenó invalidar las pensiones de un grupo de ex funcionarios administrativos de Gendarmería que recibían grandes sumas mensuales otorgadas por Dipreca. Esto, apuntando a que no correspondía que adscribieran al sistema establecido exclusivamente para uniformados.
En ese grupo figuraba la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, Myriam Olate, hecho que le costó fuertes cuestionamientos al legislador dado el debate por las bajas pensiones pagadas por las AFP que se había instalado en ese tiempo. Pese a la gran influencia de Andrade en la Nueva Mayoría, quien por esos días se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados, la Contraloría no dudó.
Justo en medio de la polémica por las abultadas pensiones de Gendarmería, que se sumó al plan de Bermúdez de realizar una revisión de los gastos asociados a instituciones beneficiadas por la Ley Reservada del Cobre, el contralor habría sido blanco de amenazas, hecho que lo llevó a solicitar un mayor resguardo por parte de Carabineros.
Otro episodio de tensión fue cuando decidió defender la permanencia de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el sistema de capitalización individual a inicios de este año. Esto, pese a las fuertes presiones del gremio para ser traspasados al administrador de pensiones de la Defensa nacional, Capredena.
La posición de la Contraloría, que derivó en una dura disputa con la Corte Suprema que respaldaba la posición de los funcionarios, se resolvió sólo luego que el Tribunal Constitucional le diera la razón al organismo liderado por Bermúdez. En medio de dicha contienda de competencias, en la que el abogado fue duramente cuestionado, dio cuenta de su apego irrestricto a la normativa, incluso, asumiendo el costo de mostrarse con una posición que levantó críticas hacia su figura y le trajó costos políticos al Gobierno a raíz de la masiva paralización de los funcionarios.
Una de los últimos llamados que ha realizado Bermúdez es la necesidad de modernizar la Contraloría. En este sentido apunta a establecer una autonomía presupuestaria para el organismo, junto con señalar la importancia de diversificar el trabajo de auditorías estableciendo nuevas sedes. Para cumplir su plan de “dejar una impronta” durante su gestión, que fue lo que dijo a poco tiempo de asumir el cargo, aún le queda tiempo. Su periodo finaliza en 2023, año en que el gobierno de turno deberá buscar un reemplazante.
