Hasta agosto de 2015 Cristián Riquelme era un funcionario poco conocido fuera de La Moneda y nadie cuestionaba su labor.
Sin embargo, ese mes comenzaron las críticas a su trabajo, luego que en el marco de las indagatorias del Caso Caval se conociera que la unidad de informática -que depende de él- había visado el borrado de los archivos del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda. Desde entonces una serie de cuestionamientos fueron conformando una bola de nieve que esta semana suma un nuevo episodio: los millonarios contratos suscritos entre el Estado y dos empresas fundadas por el ingeniero.
Riquelme no era cualquier funcionario. El ingeniero es uno de los pocos miembros de la G-90 que seguía en el gobierno tras la salida de su referente, el ex ministro de Interior Rodrigo Peñailillo
El administrador desempeñó este cargo durante las dos administraciones de Bachelet, donde tuvo que gestionar millonarios recursos, autorizar viáticos, entrega de automóviles y computadores. Era, además, uno de los funcionarios mejor pagados en La Moneda, con una remuneración bruta mensual de $ 7.765.741. En tanto, durante 2013 estuvo a cargo Somae, firma creada para gestionar los recursos de la campaña presidencial.
Este es el recuento cronológico de los flancos que enfrentó Riquelme y que terminaron gatillando su salida:
Burgos anuncia que Riquelme ha tomado la decisión de renunciar a su cargo
1) El formateo del computador de Dávalos
Hasta agosto de 2015 el nombre de Cristián Riquelme era prácticamente desconocido. Esto hasta que en el marco de las indagatorias del Caso Caval se conoció un peritaje de Carabineros que reveló que al computador de Sebastián Dávalos se le había borrado información.
La primera reacción del Gobierno fue señalar que los datos se habían borrado de acuerdo a un “protocolo”, versión que fue refutada por el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, quien afirmó ante la Comisión Investigadora del Caso Caval que el procedimiento se había formateado a solicitud del hijo de la Presidenta.
Tras conocerse la versión de Escalona el ministro reconoció un "error", aseverando que recibió “información incompleta" por parte de Riquelme.
2) Su reunión con Juan Díaz en La Moneda
Las críticas a Riquelme se intensificaron luego que se conociera que el ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, había dicho ante la fiscalía que Riquelme había recibido en La Moneda al gestor inmobiliario Juan Díaz.
Según trascendió, la idea era pedirle que intercediera ante la Presidenta para que Compagnon cancelara dineros que supuestamente le debía.
"Creo que cometí una imprudencia al haberlo recibido en el Palacio de Gobierno. Y aunque no lo crean, aunque suene inverosímil, yo no sabía de la vinculación de Juan Díaz (con el caso). Si no, no lo hubiera recibido", dijo Riquelme ante la Comisión Caval.
Un hecho que fue criticado por la Comisión investigadora del Caso Caval en cuyo informe aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados califica su actuar de “imprudente” y estimó como “inadecuada” su permanencia en el cargo.
4) Los pagos de Martelli
El Mostrador reveló una serie de pagos que habría realizado desde su cuenta bancaria personal el autodenominado operador político, Giorgio Martelli, a Cristián Riquelme.
Según la publicación se trató de ocho giros por un total de $32,5 millones, entre el 11 de marzo y el 16 de agosto de 2013, todo esto en medio de la campaña presidencial, donde Riquelme se desempeñó como administrador de Somae, que como ya se mencionaba fue la firma que gestionó la campaña de Bachelet.
"No me puedo hacer cargo de notas de prensa. Hay un fiscal a cargo", dijo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado sobre estos nuevos antecedentes.
En enero de este año se conoció la declaración de Giorgio Martelli concretada el 13 de noviembre pasado. En esa oportunidad, el geógrafo reconoció los pagos señalando que Riquelme “me solicitó recursos para la campaña y yo le hice estos préstamos porque yo tenía compromisos políticos con la campaña. Creo que yo pedí un crédito para hacerle estos préstamos. Sé que en alguno de estos recursos Cristián me los devolvió, pero no estoy seguro, voy a procurar obtener la información”.
5) Su omisión en la declaración de patrimonio
Un nuevo flanco de críticas sumó el administrador de La Moneda luego que la semana pasada se conociera que se había acogido a la ley N 19.628 para proteger datos de carácter personal en su declaración de patrimonio.
De esta forma la declaración omitía datos como las tasaciones fiscales y comerciales de los cuatro inmuebles que declaraba, así como tampoco el detalle de las actividades que desempeñó los dos años previos a su llegada al cargo de Palacio (Revisa la declaración de abril de 2015).
Las críticas de parlamentarios no se hicieron esperar. Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Burgos, señaló que "yo prefiero que la declaración de patrimonio e intereses sea lo más amplia posible”.
Horas después del comentario de Burgos el funcionario rectificó su declaración, incorporando el detalle de su patrimonio en la que señala que el valor comercial de sus cuatro propiedades supera los $569 millones. Del mismo modo, consigna la participación en la sociedad Asesorías e Inversiones Nido de Águila SPA (Revisa la nueva declaración de febrero de 2016).
5) Los negocios que gatillaron la salida
"Los millonarios negocios con el Estado de las empresas que creó Cristián Riquelme". Este es el título del reportaje de Ciper Chile que provocó la última polémica que terminó sellando la salida del administrador de La Moneda.
Según la publicación, las sociedades fundadas por el ingeniero Greentec y Comercial A y R recibieron pagos por $417 millones entre 2013 y 2015. Si bien Riquelme se desprendió de su participación en las firmas, ubicó a personas de confianza. Con todo, el medio de investigación periodística reveló órdenes de compra emitidas a su nombre con posterioridad a los traspasos y que una de las sociedades figura con su residencia como dirección comercial.
Parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición calificaron de "insostenible" su permanencia. El Gobierno anunció un levantamiento de la información respecto los contratos, el objetivo de determinar "si se ha cumplido con la ley de compras o no".
Por su parte el ministro de Interior, Jorge Burgos, expresó: "Yo tengo una opinión sobre eso y la opinión se la voy a dar a la Presidenta de la República cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones".
Hoy, visiblemente incómoda, la ministra vocera (s) de Gobierno Claudia Pascual salió a enfrentar las preguntas de la prensa en torno al caso: "No tenemos mayor novedad", sostuvo en al menos doce oportunidades.
