Éxito tuvo la solicitud presentada el miércoles por los abogados del diputado comunista Hugo Gutiérrez ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Ese día, el parlamentario pidió que la fiscalía ampliara la querella presentada contra del ex Presidente Sebastián Piñera a raíz del denominado Caso Exalmar, e integrara los nuevos antecedentes que apuntan a un supuesto conflicto de interés del ex jefe de Estado.
En concreto, la solicitud de Gutiérrez buscaba que el Ministerio Público incluyera en sus indagatorias las inversiones realizadas Bancorp -a través de Minería Activa Uno- en Andes Iron, sociedad matriz de la Minera Dominga, firma que pretendía llevar a cabo una exploración en la IV Región de Coquimbo durante el mandato de Piñera.
En este contexto es que Gutiérrez apunta a un eventual conflicto de interés de Piñera vinculado al fin del proyecto termoeléctrico Barrancones, en la misma zona que Dominga sondeaba para sus negocios, durante su Gobierno.
Así, pese a que Piñera salió a defender públicamente que él no tendría conocimiento de dichas inversiones, acusando una actitud “canallesca” por parte del oficialismo, la justicia declaró admisible a tramitación la ofensiva judicial del diputado comunista que apunta a una eventual negociación incompatible.
“En el caso que los hechos relatados sean efectivos, como parecen serlo por los documentos acompañados por el mismo medio de comunicación social, se configura el ilícito de negociación incompatible por el cual se querelló mi representado en esta causa”, señala la solicitud de ampliación de la querella.
Y agrega: “En este caso, el señor Piñera también actuó como Presidente de la República beneficiándose personalmente y a su familia directa con información que podía tener en su calidad de Presidente por sus subordinados (…) Acá se está evidentemente usando todos los recursos de la administración para beneficiar intereses privados. El beneficio económico fue evidente”.