¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este mediodía diputados de la UDI junto a la parlamentaria independiente Karla Rubilar, presentarán una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Junto con esto aseguran que la titular del Minsal no habría cumplido con responder en el plazo legal un cuestionario entregado durante la interpelación.
La acusación abre un nuevo flanco para Castillo, quien ayer enfrentó el rechazo de la comisión mixta a las partidas destinadas a la construcción de hospitales. Esto ya que los legisladores acusan que los recursos no serían suficientes para cumplir el plan anunciado por el gobierno.
A continuación te entregamos las claves para entender la acusación constitucional.
¿Qué es la acusación constitucional?
Los parlamentarios cuentan con mecanismos de fiscalización a las autoridades, como los oficios, las interpelaciones y las acusaciones constitucionales.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a solicitar un juicio político a una determinada autoridad por incumplimientos graves a su labor.
¿Cómo se determina si la autoridad es culpable o inocente?
Una vez ingresada la solicitud, la Cámara debe elegir al azar -excluyendo a los acusadores y a los miembros de la mesa de la Corporación- una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no formular la acusación. La autoridad tendrá un plazo de 10 días para formular descargos.
Luego de una serie de sesiones para evaluar la presentación la Cámara votará. De haber mayoría, la acusación pasará al Senado, que actuará como juez.
La autoridad acusada podrá asistir a las sesiones del Senado para manifestar su defensa. Incluso podrá recurrir a abogados que sustenten su postura.
Finalmente, se convocará a una sesión especial, donde se votará por separado cada uno de los capítulos de la acusación.
¿Qué pasa si se aprueba la acusación?
En caso que la Cámara Alta apruebe la acusación, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos dos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008.
Otros casos han sido rechazados. El más reciente, el del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. En tanto, durante el gobierno de Piñera se presentaron otras dos acusaciones al entonces ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, las que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados.
