El Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció un veto a la Ley de Usurpaciones a raíz de la denominada "legítima defensa privilegiada" incluida en la normativa.
Fue durante este miércoles por la tarde que el Senado aprobó el proyecto y despachó la Ley de Usurpaciones, por lo que quedó en condición de ser una norma promulgada por el Ejecutivo.
Se trata de una iniciativa que establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda la hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia; y permite que durante la investigación y la demanda se realice la restitución anticipada del inmueble ocupado.
Y si bien durante el debate en el Senado se solicitó la separación de la votación de algunas partes del proyecto, finalmente fue aprobado en su totalidad, por lo que quedó en condición de convertirse en Ley de la República.
Uno de sus puntos más conflictivos fue el artículo referente a la "autotutela", puesto que incluso el Gobierno apuntó que no promulgarían el proyecto en caso de aprobarse tal como venía conformado.
Legítima defensa privilegiada, el punto conflictivo de la Ley de Usurpaciones a juicio del Gobierno
El martes, la Cámara de Diputadas y Diputados ya había aprobado la iniciativa, incluyendo la polémica legítima defensa privilegiada, lo cual generó rechazo por parte del Gobierno.
¿Por qué? Porque a su juicio, la normativa permitiría a civiles el poder recuperar terrenos ocupados "por mano propia". Y no solo eso, dado que incluso se apuntó que permitiría no solo defenderse, sino que defender a terceros o contratar a un grupo de personas que podrían hacer uso de cualquier tipo de violencia para poder recuperar inmuebles.
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Durante la sesión en la Cámara Baja, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que "el Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos".
La tarde del miércoles, la propia Carolina Tohá indicó que "así como está esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable".
"Cada una de las personas tiene derecho a tener una opinión, pero no tenemos derecho a interpretar a nuestro gusto lo que dice la ley, podemos estar a favor o en contra, pero no podemos negar lo que dice", apuntó durante su intervención en el Senado.
Al mismo tiempo, la ministra Tohá cuestionó que "se está votando sin entender lo que estamos votando".
"Se puede actuar en defensa propia o de terceras y se puede actuar con cualquier medio independiente del daño que se genere", cuestionó la secretaria de Estado, quien planteó que el proyecto planteaba que "si usted usurpa un terreno y se salta la reja, la pena es la misma a que si se salta la reja, rompe todo y amenaza con una pistola. Eso estamos aprobando hoy".
"Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás esta ley y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia, sobre todo cuando esta ley está habilitando para pedir la acción de los policías en cualquier momento", enfatizó la ministra del Interior.
