El levantamiento del secreto bancario se ha tomado la discusión en los últimos días en el mundo político. La norma se votará en los próximos días en el Congreso y ha vuelto estar en la discusión luego que la alcaldesa de Providencia acusara que existían algunos políticos “que se financian con platas del narco”.
La propuesta de modificar algunos aspectos de la ley que regula actualmente el secreto bancario ha sido impulsada hace algunos años por la izquierda, pero no ha tenido apoyo total en la derecha.
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Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric incluyó en el proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario una actualización de las normas sobre el levantamiento del secreto bancario que buscaría hacer más ágil este proceso.
Qué dice la ley sobre el secreto bancario
Actualmente la legislación protege la privacidad de las personas y eso incluye su información financiera. Sin embargo, este secreto puede ser levantado en caso de que un tribunal autorice.
Sólo el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero pueden solicitar levantar el secreto bancario de personas, en algunos casos específicos que son detallados en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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“Las limitaciones, reconocidas por nuestra legislación al secreto bancario recaído sobre operaciones de depósitos y captaciones, permiten el acceso a la información gravada, cuando una disposición legal expresamente lo autorice, o cuando una resolución de la justicia ordinaria o militar ordene la remisión o examen de antecedentes”, explica.
Esto puede ocurrir cuando se trate de operaciones específicas sobre dichos instrumentos bancarios, que sean efectuadas por quienes tengan carácter de parte o imputado en esas causas, que dichas operaciones tengan relación directa con el proceso, y que la remisión de los respectivos antecedentes sea ordenado por la justicia ordinaria o militar.
Qué propone el gobierno
La norma no apunta a revisar las cuentas de cualquier persona como han advertidos algunos representantes políticos en el debate, sino que deberá hacerse, tal como dice en la actual ley, sobre una operación sospechosa, previamente reportada o detectada por los organismos facultados para hacer la solicitud.
La diferencia será que ahora, con las modificaciones que propone el gobierno, será la persona investigada la encargada de demostrar el por qué no se debería levantar el secreto bancario en su contra, y no al revés como es hoy.
Desde el Ejecutivo argumentan que esto haría el proceso más expedito, a diferencia de lo que ocurre hoy.
“El caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes”, dice la propuesta del gobierno.
“Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias”, añade.
Una de las opciones que también aparecen en el horizonte es acortar los plazos para que el tribunal autorice o rechace la solicitud de levantar el secreto bancario.
