En enero pasado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó hasta Caracas, Venezuela, para firmar un convenio de colaboración policial con el gobierno venezolano con el objetivo de colaborar en la lucha contra el crimen organizado.
Este lunes dicho acuerdo fue cuestionado por el medio de comunicación venezolano La Razón, que aseguró que dicho entendimiento entre países habría “abierto la puerta” para que el Gobierno de Nicolás Maduro secuestrara al exmilitar Ronald Ojeda, quien fue sacado a la fuerza desde su casa en Independencia, región Metropolitana.
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El subsecretario Monsalve, sin embargo, calificó esta publicación como “una mentira” y defendió el acuerdo firmado el pasado 18 de enero en Caracas.
“Quiero hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante: es una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico como una total mentira”, expresó Monsalve desde La Moneda.
“Mi tarea como subsecretario del Interior, es contribuir a la lucha que el gobierno da en contra de organizaciones criminales, y en segundo lugar, también nuestra tarea es llevar adelante procesos de expulsión, justamente para sacar de Chile, a personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”, explicó.
“En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países, como Bolivia, como Perú, y también el convenio de colaboración policial que firmamos con Venezuela”, añadió.
Medio venezolano apunta al Gobierno de Chile por secuestro de exmilitar Ojeda
En la publicación de La Razón se apunta al Gobierno de Nicolás Maduro como el responsable del secuestro de Ojeda, quien fue raptado desde su domicilio en Independencia, en la región Metropolitana, la madrugada del miércoles 21 de febrero, pese a que el gobierno venezolano ha descartado estar involucrado en el hecho.
“Tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno, domiciliado en Santiago y que en el año 2017 se había fugado de la prisión militar de Ramo Verde”, asegura la publicación.
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La Razón apunta directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como el organismo responsable del secuestro de Ojeda, que no ha podido ser aclarado por las policías ni por el gobierno.
“La firma del convenio de colaboración en materia policial (...) abrió las puertas de ese país a los organismos policiales y militares venezolanos, cuestionados internacionalmente tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por el Fiscal de la Corte Penal Internacional”, añade la publicación.
Qué dice el convenio firmado entre Chile y Venezuela
Aquel 18 de enero, la propia Subsecretaría del Interior explicó en qué consistía el acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela que, según dijeron, busca la colaboración mutua con el fin de facilitar información -dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones- necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado, así como promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación.
El documento sostiene que las partes promoverán las siguientes acciones:
- Capacitaciones entre ambas partes, atingentes a las realidades criminógenas de cada país.
- Intercambio de información relativa a buenas prácticas investigativas.
- Compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos.
- Generación de alertas tempranas relativas a: nuevos modus operandi, germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, hallazgo de nuevos nichos criminales y otros temas relacionados con criminalidad internacional que pudiesen afectar a ambos países.
- Mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas.
- Intercambio de información referente a personas condenadas que se encuentren en calidad de internos en centros de detención penitenciaria.
- Intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional, crimen cibernético y otros delitos entre ambos países
