Qué decía la resolución de la cámara del 23 de agosto de 1973 que declaraba “inconstitucional” el Gobierno de Allende
Agencia Uno - Salvador Allende y Congreso Nacional
El 23 de agosto de 1973, a poco más de dos semanas que se produjera el golpe de Estado del 11 de septiembre en Chile, la Cámara de Diputados de ese entonces aprobó un proyecto de resolución en el que acusaba al entonces Presidente, Salvador Allende, de incumplir con la Constitución y las leyes.
La declaración de la cámara baja es controvertida hasta hoy y dividió hace algunas semanas a los actuales parlamentarios.
Diputados aprueban volver a leer el acuerdo de agosto de 1973 que declaraba inconstitucional el Gobierno de Allende
Desde la derecha pidieron volver a leer dicho acuerdo porque, según dicen, denunciaba lo que ocurría en aquellos años en el Gobierno de la Unidad Popular, mientras que en la izquierda lo consideran un documento que incitó el golpe de Estado que perpetraron las Fuerzas Armadas algunos días después.
La declaración de la cámara contra Allende
Lo cierto es que aquella declaración que fue impulsada por la Democracia Cristiana (DC) en aquellos años, y apoyada por la derecha, fue una declaración de la Cámara de Diputados en contra del Gobierno de Allende.
“Es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece”, acusa el documento.
“Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”, agrega.
Aquí puedes revisar el documento completo
