Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que uno de los principales imputados por el Caso Democracia Viva y director de la fundación del mismo nombre, Daniel Andrade, le habría comentado a su entonces pareja y diputada del Frente Amplio Catalina Pérez, del contrato que firmaría con la Seremi de Vivienda de Antofagasta que dio vida al Caso Convenios.
La Segunda tuvo acceso a parte del informe de la PDI y reveló un diálogo de la diputada Catalina Pérez con su entonces pareja Daniel Andrade del 29 de julio de 2022, en la que el director de la Fundación Democracia Viva le comentaba de una reunión con el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, hoy en prisión preventiva.
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“Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas”, le escribió Andrade a Catalina Pérez, aunque no se detalla si es que hubo respuesta por parte de la diputada.
Otro diálogo, que se remonta a septiembre del 2022, ambos coordinan para que Pérez pase a buscar a Andrade e un lugar, y allí él le vuelve a comentar sobre el convenio con Contreras.
“Te paso a buscar tipo 05.30”, le escribió Pérez a Andrade. “¿Puede ser más tarde? Carlos me corrió la reunión para las 17.00”, respondió Andrade. “A las 17.45-18.00 estoy, fijo”, agregó.
“Oka… a las 17.45 idealmente”, le contestó Catalina Pérez. “Sorry. Pero es por el convenio con Carlos, es súper importante”, volvió a responder Daniel Andrade.
“A las 18.30 tenemos la hora y hay que llegar 15 antes”, cerró la diputada.
Caso Democracia Viva
Recordemos que el Caso Democracia Viva fue el que hizo estallar el Caso Convenios que reveló distintos casos de corrupción en todo el país, en el que fundaciones suscribían contratos con distintos organismos del Estado; principalmente seremías y gobiernos regionales, sin cumplir con los estándares necesarios.
En el Caso Democracia Viva, la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por Carlos Contreras quien fuera asesor de la diputada Pérez, le traspasó 370 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, por tres convenios dentro del marco del Programa de Asentamientos Precarios, pese a que la entidad no tenía experiencia previa en el caso.
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Por este hecho, Contreras está en prisión preventiva, mientras que Andrade estuvo en la misma condición, pero hoy está con arresto domiciliario.
Catalina Pérez en tanto, es investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
