40 líderes del Grupo de Puebla, entre ellos, el Presidente argentino Alberto Fernández, firmaron una carta a favor del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, uno de los acusados por la Fiscalía en el caso SQM.
Los firmantes de la declaración señalan que "acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, a la vez que apuntan que el exlíder del PRO "viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
"Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, añaden.
Además del jefe de Estado trasandino, figuran entre los firmantes, los Expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; Ecuador, Rafael Correa; Bolivia, Evo Morales; Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.
También se suma el actual ministro de Defensa Argentino, Jorge Taiana, como también, el juez español Baltasar Garzón, quien firmó la orden de captura contra Augusto Pinochet en Londres en 1998.
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En la carta, los firmantes acusan que "fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare, como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, añaden.
Finalmente, los líderes iberoamericanos señalan que “se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación, como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.