Los senadores de Renovación Nacional (RN) Juan Castro y Carmen Aravena presentaron un proyecto de reforma constitucional que propone que, en caso de que gane la opción “rechazo” a una nueva Constitución el próximo 4 de septiembre, se cree una comisión de expertos que proponga otra carta fundamental.
La iniciativa dice que busca hacerse cargo del 78 por ciento de los ciudadanos que votaron “apruebo” en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, por lo que la Constitución de 1980 no cuenta con la legitimidad que se requiere.
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“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, el Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la calificación del plebiscito, convocará vía decreto supremo exento a una sesión al Congreso Pleno, al que solicitará en ese acto la elaboración de un nuevo texto constitucional, cuya redacción deberá quedar terminada en el plazo de siete meses, contados desde dicho requerimiento”, dice la propuesta de los senadores RN.
“El Congreso Pleno convocará en el mismo acto a una comisión constitucional de expertos, mediante un oficio que el secretario general del Senado enviará a cada uno de los rectores de las casas de estudio que se indican más adelante, y que deberá estar integrada por académicos de reconocido prestigio del ámbito de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, para que en el plazo de seis meses contados desde su instalación, prepararen un proyecto de nueva Constitución”, añade.
La norma actual dice que en caso de que la Constitución planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, “continuará vigente la presente Constitución”, por lo que los parlamentarios enfatizaron en que es necesario continuar con el proceso.
De acuerdo a la propuesta de los senadores RN la elaboración de la nueva carta magna estaría a cargo de dos académicos destacados del ámbito de las ciencias jurídicas o de las ciencias políticas, por cada una de las universidades que componen el Consejo de Rectores, y se excluirá a quienes hayan participado de la actual Convención Constitucional.
La propuesta también enfatiza en que la nueva Constitución debería respetar los principios de celeridad, rigor técnico, hacerse cargo de un Estado Social con derechos sociales, la independencia del Poder Judicial, y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile, entre otros puntos.
