La bancada de diputados y diputadas de Demócratas presentó, este lunes, un proyecto de ley que busca limitar el uso de plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans, para las personas que estén con arresto domiciliario, como son los casos de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y la imputada por el Caso Lencería Camila Polizzi.
La iniciativa se presentó un día después que la exalcaldesa Barriga, quien está con arresto domiciliario luego de ser imputada por fraude al fisco por su rol en la Municipalidad de Maipú, anunciara que vendería contenido para adultos en una aplicación.
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Lo mismo hizo Camila Polizzi en el pasado, luego de quedar con arresto domiciliario por la investigación sobre el Caso Lencería, una arista del Caso Convenios en la región del Biobío.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El objetivo de la norma, dicen los diputados impulsores, es evitar que los imputados sujetos a la cautelar de reclusión parcial domiciliaria puedan utilizar libremente las redes sociales con el fin de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal.
“Se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación. En casos calificados, el juez podrá autorizar al formalizado las comunicaciones a que se refiere este inciso siempre que no sean permanentes ni signifiquen un impedimento o riesgo en el desarrollo de la investigación, o cuando a criterio del Ministerio Público afecten el espíritu de la medida cautelar impuesta”, dice la propuesta de artículo.
Los representantes del Partido Demócratas argumentan que este tipo de actividades no se podrían desarrollar al interior de los recintos penitenciarios, por lo que tampoco se debería poder hacer desde el domicilio.
“Que la figura del arresto domiciliario se distorsiona toda vez que permite a los imputados que se benefician de ella del desarrollo de actividades remuneradas, las cuales en las mismas circunstancias y no habiéndose concedido la cautelar alternativa, no tendría procedencia alguna y significa incluso, en algunos casos, la comisión de nuevos ilícitos penales”, argumentan los impulsores.
