Con molestia reaccionaron diputados de la UDI luego que se conociera que Galvarino Apablaza, frentista sindicado como el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, se encontraba calificado para recibir los beneficios que entrega el Estado a las víctimas de tortura y/o prisión política durante la dictadura.
La información fue confirmada a El Mercurio por la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, quien detalló que Apablaza fue reconocido como víctima en la Comisión Valech II, por lo que le corresponde recibir un pago mensual de $175 mil.
Es por esta misma condición que el frentista –cuya extradición fue solicitada a Argentina- está tramitando la posibilidad de recibir un bono de un millón de pesos.
Silva dijo al matutino que “efectivamente él está en la lista de la segunda comisión, donde fue reconocido como sujeto de tortura y/o de prisión política. Comisión que trabajó durante la administración de Sebastián Piñera”.
Los diputados de la UDI calificaron de “inaceptable” la entrega del beneficio a Apablaza, por lo que pedirán un pronunciamiento a la Contraloría sobre la procedencia de su entrega a personas requeridas por la Justicia.
Al respecto, el diputado UDI Issa Kort dijo que “nosotros lamentamos profundamente que el señor Apablaza pueda recibir algún tipo de beneficio que está pensado para personas que sufrieron bajo un régimen militar y no que hicieron sufrir con actos terroristas como los que hizo el señor Apablaza”.
“El señor Apablaza está sometido a proceso por los tribunales chilenos como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, un acto terrorista, un acto que este señor no ha querido venir a dar la cara”, agregó.
Junto con esto, los parlamentarios solicitaron al gobierno evaluar la suspensión del beneficio mientras dure la investigación contra Apablaza.
“El eventualmente es el autor intelectual de un asesinato. Le pedimos al Ejecutivo que evalúe la prudencia de que una persona que participó de un hecho tan grave reciba un beneficio que está pensado para otro tipo de gente”, dijo el diputado Felipe Ward.
En este contexto, los parlamentarios anunciaron que enviarán un proyecto de ley para “evitar que casos como estos, personas que estén sometidos a proceso, que estén condenadas por delitos de sangre, por delitos terroristas no puedan recibir ningún tipo de beneficio por parte del Estado”.
