Piñera, Guerra, Gajardo y los dilemas del caso Bancard
Piñera, Guerra, Gajardo y los dilemas del caso Bancard
Por Christian Rendic.
Guerra-Gajardo: el tándem que complica a Piñera
Primera semana de marzo de 2015. Centro de Justicia. Fueron tres los días que duró la formalización de cargos en contra de 10 imputados en el caso Penta por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Entre los acusados estaban Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del holding.
La maratónica jornada en que los fiscales debían exponer los fundamentos de su acusación al juez de Garantía fue transmitida en vivo y en directo. En el equipo de persecutores destacaba Carlos Gajardo, quien a la hora de describir la arista vinculada a la firma de contratos forwards irregulares llamó la atención de todos con la siguiente descripción de un contrato en particular: “¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III, por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB… y $50 millones de salida… ¿para qué empresa? Para administradora Bancorp, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”.
La alusión a “Apoquindo 3000” no era casual. Ese es el edificio donde tiene su centro de operaciones, hace años, Sebastián Piñera. Sus oficinas están ubicadas dos pisos más arriba de las de Bancard, el family office que hoy enfrenta una querella por los supuestos delitos de uso de información privilegiada y negociación incompatible, tras la compra a partir de 2010 de acciones en una pesquera peruana cuando era Presidente, y Chile y Perú mantenían el litigio marítimo en La Haya.
Desde entonces se ha especulado que, para Gajardo -fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad que en octubre del año pasado formalizó por un contrato forward a Santiago Valdés (ex administrador electoral de la campaña de Piñera y ex gerente general de Bancard)-, el ex Presidente sería un “botín” apetecido.
En el caso Bancard, Gajardo trabaja bajo las órdenes de Manuel Guerra, el fiscal regional Metropolitano Oriente, quien quedó a cargo de esta investigación porque las oficinas de la sociedad de inversiones están ubicadas en Las Condes.
Quienes conocen detalles del caso aseguran que la relación de la defensa de Bancard –encabezada por el penalista Juan Domingo Acosta- es con Guerra, no con Gajardo. Y que si bien ha existido un entendimiento normal para esta etapa de la investigación, otras fuentes de Chile Vamos desconfían del perfil del Fiscal Regional.
Ex militante del Partido Radical y cercano al ministro de Defensa José Antonio Gómez,
Guerra es activo en redes sociales –tal como Gajardo, con quien comparten además ser hinchas de la U-, donde públicamente ha sido un crítico de las AFP, por ejemplo, y ha escrito mensajes contra quienes, desde otros poderes del Estado, “pretenden influir en las decisiones judiciales”. Asimismo, ha aseverado que “claramente tenemos dos derechos penales, uno para los pobres, que es durísimo y otro para los acomodados, que es muy cómodo y blando”.
Bancard: entre la celeridad y la privacidad
Andrés Velasco tuvo que ceder a sus aspiraciones presidenciales y ahora apuesta por el Senado; Marco Enríquez-Ominami ve cada vez más lejos aquel 20% de votación obtenida en 2009 y hoy apenas se empina por una fracción de ese respaldo; los ex alcaldes Vittori y Plaza perdieron sus sillones edilicios en Maipú y Cerro Navia, respectivamente; Jorge Pizarro tuvo que dejar la presidencia de la DC y Fulvio Rossi renunció al PS.
Estos son algunos ejemplos de los efectos que puede tener entre las figuras públicas las causas judiciales que involucran dinero y política. Más allá de si asoman en calidad de imputados o testigos, de si median o no querellas en su contra y de que aún no sean llevados a juicio para que un tribunal declare inocencia o culpabilidad.
Los plazos, tanto para Piñera como para el resto de los aspirantes a La Moneda, se estrechan y llegar bien posicionado a las primarias legales de 2017 es imperativo.
Por lo mismo, desde Bancard se han propuesto actuar con celeridad para tratar de cerrar este caso lo antes posible y no enfrentar el año electoral con dos investigaciones abiertas (la judicial y la comisión Bancard de la Cámara de Diputados), cuyos plazos amenazan con extenderse más allá de lo deseado para la oposición.
Para ello, la idea es colaborar con la justicia. La duda interna es ¿hasta qué punto?
En este sentido, la apuesta de quienes están a cargo es acotar lo más que se pueda el tipo de información que entregarán a la Fiscalía. De momento, los planes apuntan a abrir sólo correos puntuales y que sean atingentes al negocio que se indaga, es decir la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar. Ir más allá -como pretenden los persecutores- sería abrir la puerta a eventuales nuevas aristas, tal como pasó con los correos del ex hombre fuerte de SQM, Patricio Contesse, de cuyos emails nació de manera casi fortuita la acusación de cohecho y soborno que lo involucra a él y a Pablo Longueira.
Las lecciones aprendidas
La celeridad no es el único factor que conjugan en Apoquindo 3000; clave es, para la defensa de Bancard, entregar únicamente la información “pertinente” para la investigación que pretende desarrollar el Ministerio Público.
Para la defensa del family office de Piñera es importante –como ya está dicho- que el Ministerio Público acceda únicamente a aquellos correos relativos a la compra de acciones en Exalmar, pero no abrir todo el intercambio epistolar entre Noguera y Piñera Morel durante los cinco años que pretende la Fiscalía.
Para ello, la alternativa es que sea un tribunal el que termine determinando si esta decisión de la defensa garantiza a la vez que la investigación cumpla sus objetivos, pero que a la vez se respeten las garantían de protección a la correspondencia privada.
La solicitud amplia de antecedentes es parte del modus operandi de Carlos Gajardo –y de varios fiscales a cargo de investigaciones de esta complejidad- y si bien la entrega voluntaria de estos antecedentes podría luego ser considerada como una “colaboración efectiva”, en círculos cercanos al ex Presidente dudan de los beneficios de una actitud de completa apertura.
Ejemplos le sobran a Piñera, dicen en su entorno. Sin más, Carlos Alberto es uno de sus amigos más cercanos y estuvo casi 50 días preso en el anexo Capitán Yáber, luego de que el propio Gajardo solicitara al tribunal la medida cautelar más dura. Esto, pese a que la defensa de Délano y Carlos Eugenio Lavín alegan haber prestado toda la colaboración con el Ministerio Público.
Las dudas en torno a los beneficios de contribuir con el tribunal fueron cristalizadas en su momento por Jovino Novoa, quien asumió una actitud desafiante poniendo en duda este principio y acusando sesgo en la investigación, aunque luego optó por ir a juicio abreviado, aceptando los hechos y antecedentes imputados, pero no la culpabilidad.
“Colaborar con estos fiscales no es ninguna garantía”, resume una alta fuente de Chile Vamos al respecto, mientras que un destacado penalista de la plaza arguye, respecto de la solicitud de acceder a los correos, que “es evidente que lo que está haciendo la Fiscalía es salir a pescar. Más que nada los quieren (los emails) para buscar y ver qué encuentran”.
La "pesca" a la que alude este abogado se refiere a la manera que en el mundo judicial definen la estrategia de los fiscales de pedir más información que la necesaria, en busca de antecedentes que les permitan eventualmente abrir nuevas aristas.
Las filtraciones
“La filtración de información de la Fiscalía es un delito”. Lo dijo este miércoles Piñera, luego de que La Tercera revelara que, entre la documentación aportada por Bancard a la Fiscalía, se habían excluido los correos electrónicos solicitados por los persecutores.
Los dichos del ex Presidente tenían un destinatario claro: la Fiscalía Oriente, donde está radicado el caso Bancard.
A comienzos de año hubo un encendido debate por las normas para castigar a quienes no respetaran el secreto de las investigaciones judiciales. En el marco de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, la polémica estuvo concentrada en los castigos que incluirían a la prensa.
Más allá de que fuera el propio fiscal Guerra quien salió a descartar que haya sido su entidad la que hizo trascender la información –“no hay ninguna filtración que se le pueda imputar al Ministerio Público” -, las palabras de Piñera encierran una clara advertencia, cuyo correlato vino desde las filas de Chile Vamos, que pidieron investigar de dónde provino la filtración.
En círculos políticos se comenta que las filtraciones -selectivas, por lo demás- provocan un daño profundo a la imagen de los personeros aludidos, a la vez que obligan a los aludidos a tener que referirse una y otra vez a las publicaciones en las que son nombrados. Con esto, agregan, se crea un clima de opinión pública desfavorable que mantiene constantemente a estos políticos girando en torno a una agenda determinada. Y esta opinión púbica que se genera en torno a los casos, además, puede terminar presionando a los Jueces de Garantía a la hora de tener que autorizar las medidas que solicitan los fiscales.
No obstante, hay fuentes en Chile Vamos que dudan de la efectividad de una arremetida que busque contener o frenar las filtraciones. Esto porque las publicaciones de antecedentes ya fueron objeto de debate desde el comienzo del caso Penta, cuando la entonces directiva encabezada por Ernesto Silva se reunió con el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán para indagar el tema. La cita no surtió efecto y los detalles de la causa siguieron siendo publicadas.
A esto se suman otros factores, como las dudas que existen en torno al poder real que tiene el titular del Ministerio Público, Jorge Abbott, para contener a los fiscales. Sin embargo, en los últimos días ordenó indagar las filtraciones en varias causas, para lo que nombró a Andrés Montes, y en agosto removió al fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, luego de que éste dijera que en la génesis de la Ley de Pesca hubo corrupción.
Con todo, si bien determinar quién filtró información es una tarea compleja, sostienen distintas fuentes, el éxito de este tipo de ofensivas tiene precedentes. Lo dijo el propio Gajardo en mayo de 2016: “Sería ingenuo pensar que lo que aquí había era una preocupación por las filtraciones. Lo que hubo fue una maniobra exitosa destinada a sacarnos, al fiscal Pablo Norambuena y a mí, de los casos Corpesca y SQM, que nosotros iniciamos”, dijo a revista Capital, en la que uno de los personeros más mediáticos del Ministerio Público también aseguró que “nunca he filtrado información”.
Las alternativas de la Fiscalía
Si efectivamente Bancard no hace entrega voluntaria de los correos pedidos por el Ministerio Público y mantiene esta decisión, la alternativa de los fiscales Guerra y Gajardo es exigirlos judicialmente.
En este paso, el tribunal de Garantía deberá analizar la orden en su mérito. Destacados penalistas consultados por T13.cl explican que, para autorizar la medida, deben conjugarse al menos dos elementos: pruebas de la existencia del delito denunciado (en este caso uso de información privilegiada y negociación incompatible) y de la participación de los sujetos individualizados en la querella.
Además, de concederlo, el acceso a los correos electrónicos debería ser en términos que por un lado permitan investigar el delito, pero con la menor afectación posible de las garantías de los afectados.
Este punto es especialmente sensible en los casos de financiamiento irregular de la política, pues hace menos de un mes la justicia declaró ilegal la forma en que la Fiscalía accedió a los correos del ex gerente general de SQM, lo que pondría en jaque el caso de cohecho en contra de Pablo Longueira. Esto, porque fue en los emails de Contesse donde se descubrió el vínculo con el entonces ministro de Economía del Gobierno de Piñera y el rol que tuvo la minera en la redacción de los cambios a la ley de royalty.
Este es, según quienes conocen detalles del caso Bancard, uno de los nudos principales: los representantes de la empresa han intentado definir con la fiscalía la entrega acotada de correos, más que abrir los registros completos del intercambio epistolar entre Noguera y Piñera Morel entre 2009 y 2014, como exigen Guerra y Gajardo.
