Para el mediodía de este jueves están citados en el Palacio de la Moneda los cinco senadores que representan la región de La Araucanía: Francisco Huenchumilla (DC), Jaime Quintana (PPD), Felipe Kast (Evópoli), Carmen Gloria Aravena (independiente, pro RN) y José García Ruminot (RN).
El objetivo es abordar con el Presidente Sebastián Piñera el conflicto que vive la zona y poder llegar a los puntos comunes tanto de la oposición como del oficialismo. Quienes fueron convocados explican que no hay un itinerario estricto a tratar.
El lunes pasado, el mandatario llamó a un acuerdo nacional para poder enfrentar la ola de violencia que ha vivido la zona durante febrero. Su idea, en todo caso, no logró convocer a la oposición. Tres días más tarde, Piñera se reunió con los líderes de los partidos oficialistas para abordar nuevamente el tema.
“Vamos a una reunión los cinco senadores de La Araucanía a hablar de la situación que hoy estamos viviendo. Nosotros estamos al debe y tenemos que hacer nuestras propuestas y demostrar una posición transversal”, dice a T13.CL la senadora Aravena, quien alude también al documento de las 40 propuestas para la zona que presentaron los empresarios.
“El objetivo es que podamos aspirar a eso (documento de empresarios). Tenemos que hacer propuestas, unidos; la idea es que veamos en qué tenemos injerencias y concordancias y desde lo legislativo y político debiesemos levantar temas comunes”, agrega Aravena.
Sobre la propuesta de los empresarios, la parlamentaria comenta que se trata de excelentes ideas. “No son todo lo que hay que hacer en La Araucanía, pero desde el ámbito productivo me parece que son todas ideas muy positivas”, concluye la senadora.
Por su parte, el senador Quintana afirma a este medio que “espero que, aunque sea en la fase final, el gobierno entienda que un problema como el que tenemos en La Araucanía se resuelve con diálogo”.
El debate sobre la violencia en la macrozona sur también ha estado centrado en establecer o no Estado de Sitio. La semana pasada, la idea perdió fuerza en el sector, porque la iniciativa requiere el apoyo opositor en el Congreso y, además, es vista como la “medida última” y extrema para abordar el conflicto en la zona.
