Al fin llegó el día. Los partidos políticos que conversaban para impulsar un nuevo proceso constituyente lograron llegar a un acuerdo y presentarán un proyecto de ley para que un nuevo órgano redacte una propuesta de nueva Constitución.
El acuerdo contempla un "Consejo Constitucional", consistente en una convención cien por ciento electa por la ciudadanía, con 50 representantes.
Asimismo, en la instancia regirá el principio de paridad de entrada y salida, y será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de
acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección.
Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio.
El consejo tendrá el acompañamiento de una Comisión Experta integrada por 24 personas de "indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", los cuales serán elegidos 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros.
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La propuesta de 50 representantes electos por la ciudadanía había sido presentada hace semanas por Chile Vamos, pero en ese momento el oficialismo pretendía que fueran cerca de cien personas las que redactaran una nueva Constitución. Posteriormente, la propia oposición renegó de esta fórmula para avanzar en un órgano mixto, con la participación de expertos, lo que se logró parcialmente.
Los partidos de gobierno más la Democracia Cristiana (DC) pedían que fuese un órgano cien por ciento electo el que redactara la nueva propuesta, lo que también se logró aunque con un número menor al que ellos pretendían.
El rol de los expertos
La participación de los expertos fue lo que trabó la conversación en los últimos días, y lo que retrasó la firma de un acuerdo entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso que participaban de los diálogos.
Finalmente, serán 24 expertos designados por el Congreso: 12 serán escogidos por la Cámara de Diputadas y Diputados, y los otros 12 por el Senado.
Su rol será colaborar con la armonización del texto, sobre el final del proceso, y también con las normas transitorias en el mismo cierre del proyecto.
Recordemos que este acuerdo firmado por los partidos políticos, desde el Partido Comunista (PC) hasta la UDI debe ser apoyado en el Congreso con un quórum de cuatro séptimos (4/7). La participación de la mayoría de los sectores en este diálogo, debería facilitar este proceso.
Acuerdos previos
Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional el pasado 4 de septiembre, los partidos políticos iniciaron un proceso de diálogo que, más allá del mecanismo para redactar la nueva Constitución, ya habían logrado algunos compromisos.
En octubre se acordó tener “bordes” para la nueva Constitución, es decir, los límites dentro de los que podrá trabajar el nuevo órgano constituyente. Entre estos destacan que los pueblos originarios son parte de la “nación chilena”, se reconoce a Chile como un Estado “social y democrático”, y destaca la exclusividad del Poder Ejecutivo para hacerse cargo del gasto fiscal.
También hubo un acuerdo para que un “árbitro” vigile que estos puntos se cumplan. Ellos serán un “comité técnico” compuesto por 14 abogadas y abogados, de forma paritaria. Estos especialistas serán nombrados por el Congreso y estarán a cargo de “resguardar la neutralidad y el respeto de las bases institucionales del proceso constituyente”, dijo en su momento el presidente del Senado Álvaro Elizalde (Partido Socialista), quien dirige estas conversaciones.
