Partido Republicano presentará acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera
Agencia Uno - Ministra de Salud, Ximena Aguilera
El Partido Republicano anunció, este lunes, que presentará una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en medio de la crisis por virus respiratorios que enfrenta el país. Desde la colectividad acusarán a la secretaria de Estado por "infracción grave al código sanitario.
Según dijeron desde el partido liderado por José Antonio Kast, la ministra Aguilera habría infringido la Constitución, atentando contra la integridad física y psíquica de las personas.
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Distintos sectores de oposición, e incluso algunos partidos de gobierno, habían pedido la salida del cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, sin embargo, desde el Gobierno de Gabriel Boric no han cedido.
El Partido Republicano adelantó que podrían acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera, principalmente por el fallecimiento de una bebé de dos meses en San Antonio, que no tuvo cama UCI pediátrica para ser atendida, pero esta idea no había sido respaldada por el resto de la oposición.
Pese a esto, el partido anunció que esta semana presentarán el libelo acusatorio contra la ministra Aguilera, que se suma a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que es apoyada por el mismo Partido Republicano, además de Chile Vamos y el Partido Social Cristiano.
La ministra Aguilera reconoció que esta acción “es parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados”, y que solo le queda “prepararse para responder adecuadamente a esa situación”.
“Creo que los fundamentos los tienen que dar los que levantan esta acusación. Imagino que por la situación crítica que estamos viviendo, pero yo esperaría ver los fundamentos que están entregando”, dijo al ser consultada si cree que tiene algún fundamento esta acción.
Recordemos que una acusación constitucional busca sacar de su cargo, en este caso a la ministra de Salud, y en caso de ser aprobada incluso podría privar a la autoridad de ocupar cargos públicos por los próximos cinco años.
