Más de 50 parlamentarios de diversos partidos políticos de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de evitar la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género, la cual fue despachada este miércoles por la Cámara de Diputadas y Diputados.
El requerimiento es impulsado por la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, quien durante la discusión de la iniciativa hizo reserva de constitucionalidad, esto por considerar que el inciso que señala que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista, implica imponer una ideología y filosofía de un sector de la población.
Además, considera que dicho inciso limita el derecho de la libertad de enseñanza de los colegios y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
Si bien Muñoz valora el esfuerzo de quienes han trabajado por años en evitar la violencia hacia las mujeres y cualquier persona, asegura que el proyecto de ley contiene normas "lejos de otorgar protección integral a las mujeres”, imponiendo “visiones ideológicas absolutistas que no compartimos los diputados que firmamos este requerimiento”.
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“Se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, cuestión que no permitiremos”, añadió.
“Consideramos que no es justo ni correcto, que una ley que pretende dar protección especial a las mujeres sea instrumentalizada, mediante la disposición en comento, para promover la ideología de género”, afirmó.
Finalmente, aseguró que ejercerán "todas las facultades que nos otorga el ordenamiento jurídico, para proteger a las familias de Chile de injerencias abusivas de parte del Estado. Es nuestra obligación proteger a la niñez, que lamentablemente está siendo vulneradas en sus derechos”.
