“Estamos dispuestos y vamos a ir a un juicio oral a establecer la inocencia de mi representado”. Así enfrentaba a la prensa Alejandro Espinoza, uno de los abogados que integra el equipo de defensores del ex senador Pablo Longueira, quien llegó ligeramente tarde al Octavo Juzgado de Garantía, tras ingresar por una entrada alternativa, para evitar poner en riesgo su seguridad.
Tras saludarse con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse –el que esperó al ex ministro de Economía por cerca de 20 minutos– el juez Daniel Aravena dio inicio a la audiencia.
La fiscal Paola Castiglione comenzó con la precisión de una serie de hechos ya abordados ante el tribunal, en la primera audiencia de formalización que enfrentó Longueira a mediados del 2016.
Después de que Espinoza solicitara ir a los hechos nuevos, Castiglione comenzó a detallar los montos correspondientes a las cinco personas que fueron incluidas en esta nueva formalización como giradores de boletas ideológicamente falsas en el contexto del financiamiento irregular de actividades políticas.
Se trata de las siguientes personas:
- Catalina Undurraga, que figura con una boleta por 5 millones 555 mil 556 pesos emitida en julio del 2009.
- Gonzalo Infante emitió una boleta también en julio del 2009 por 4 millones 444 mil 444 pesos.
- Alejandro Urra fue mencionado en relación a una boleta emitida ese mismo mes y año por 4 millones 777 mil 777 pesos.
- Pamela Campos fue mencionada por la emisión de dos boletas. Una por 4 millones y medio en julio del 2009 y otra en octubre del mismo año por 5 millones 777 mil 777 pesos.
- Augusto Fonseca figura con una boleta por 6 millones 666 mil 666 pesos emitida en noviembre del 2009.
Agregando estos montos, el Ministerio Público cifró en un total de 719 millones 944 mil 440 pesos lo que habría recibido Longueira de parte de la minera no metálica a través de documentos tributarios falsos.
La arista cohecho de este caso –en la que el ex senador fue formalizado por múltiples actuaciones vinculadas a la modificación de un artículo de la Ley de Royalty que habría beneficiado a SQM– sumó dos circunstancias de acuerdo al relato que hizo el fiscal Claudio Rebeco.
La imputación afirma que Patricio Contesse le habría enviado al entonces senador Longueira, por medio del abogado de SQM Matías Astaburuaga, un texto que tenía por objetivo modificar parte de la redacción del proyecto de ley destinado a modificar el Código de Aguas. En audiencia se precisó que el cambio propuesto por los ejecutivos de la minera no metálica habría tenido por objetivo cambiar atribuciones fiscalizadoras de la Dirección del ramo, ante un presunto conflicto de SQM con otras empresas mineras respecto de derechos de agua.
Los contactos se habrían mantenido entre el 9 y 18 de noviembre del 2010. Finalmente los cambios no se habrían materializado.
El otro hecho dice relación con la incorporación por parte de Longueira, ministro de Economía en el 2011, de 10 nuevas medidas en el contexto de la Agenda de Competitividad, entre las cuales figuraba una que tenía por objetivo reactivar la industria del litio, lo que permitió la licitación del derecho de explotación del mineral.
El defensor de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, enfatizó en que “absolutamente ningún peso de SQM fue a parar al patrimonio” de su representado, y además precisó que “ninguna persona en esta investigación, donde han declarado más de 100, ha manifestado que mi defendido solicitó, por sí o por interpósita persona, la emisión de una boleta o factura a SQM, y es por estas razones que esta defensa ha rechazado cualquier salida negociada de este proceso”.
Sobre los contactos entre Contesse y Longueira, Espinoza se remitió a manifestar que “aquí se imputa como delitos actos normales de la actividad parlamentaria. Los parlamentarios reciben sugerencias de grupos de interés, de empresas, y no necesariamente esto se traduce en un acto concreto”.
La fiscal Castiglione especificó que las personas que se sumaron en esta audiencia en la categoría de emisores de boletas “se ha logrado establecer su vinculación con Carmen Luz Valdivielso (asesora del ex senador), con las fundaciones, ya sea por los comprobantes de la emisión de los vales vista de la empresa, que fueron retirados por Bruno Vera, junior de las fundaciones Chile Justo y Web, el que además era financiado con cargo a la asignación parlamentaria del señor Longueira, como también de las circunstancias de haberse establecido en el curso de la investigación que los dineros provenientes de algunas boletas fueron depositados en la cuenta de Carmen Luz Valdivielso”.
El tribunal además accedió a una ampliación de plazo –que venció en septiembre- y que finalmente quedó para enero del 2018, a raíz de múltiples diligencias pendientes que el Ministerio Público debe solicitar, o está actualmente esperando su resultado.
“En general ésta es una investigación compleja respecto de la gran cantidad de diligencias que se han realizado, por la gran cantidad de citaciones de personas a quienes se les ha tomado declaración, por las medidas intrusivas solicitadas, por el alzamiento de secreto bancario, lo que es complejo en sí a la hora de obtener de las instituciones financieras de toda la información. No solo las cartolas, sino también los comprobantes de depósito, las imágenes de las cheques por anverso y reverso, entre otras cosas. Esto es información documental absolutamente esencial para establecer los flujos del dinero y las personas que intervienen específicamente de la transferencia de los fondos obtenidas por la emisión boletas falsas”, justificó la fiscal Castiglione.
