Oposición presenta proyecto para reducir tiempo en que el Ejecutivo pueda vetar leyes del Congreso
Oposición presenta proyecto para reducir tiempo en que el Ejecutivo pueda vetar leyes del Congreso
Un grupo de senadores de la oposición presentaron este martes un proyecto que busca reducir el tiempo que tiene el Poder Ejecutivo para veta las leyes que sean aprobadas en el Congreso. La normativa se presentó una semana después que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la conformación de un “grupo de expertos” para regular los proyectos presentados en el Poder Legislativo.
Los senadores de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, además de la PPD Ximena Órdenes, Carlos Montes del Partido Socialista (PS) y el independiente Carlos Bianchi ingresaron la propuesta para reformar los artículos 73 y 75 de la Constitución Política.
El texto califica como excesivo el plazo de 45 días que establece la Constitución de la República para que un Presidente vete, promulgue y publique una ley aprobada por el Congreso Nacional.
El objetivo es “acortar de 30 a 10 días el plazo que tiene un Presidente de la Republica para vetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional, reduciendo de esta manera el total del plazo que corre actualmente desde el momento de finalizada la tramitación de un proyecto o moción en el Congreso, hasta su puesta en marcha y comienzo de implementación”, dice el documento.
“En la Constitución, entre el tiempo que se entrega para vetar una ley, más el de su promulgación y publicación, se suman 45 días, constituyendo un plazo que consideramos excesivo, ya que el Ejecutivo en el Congreso es colegislador; sigue y conoce del trámite de todas las iniciativas legales”, agregan los legisladores.
Los firmantes del proyecto acusan, en la misma línea, que se ha desvirtuado el sentido del plazo para presentar vetos y que ha sido utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha de las leyes.
“El plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas”, dicen.
