Fue en el almuerzo de las bancadas de Chile Vamos que se resolvió impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Esto luego que se realizara un crítico balance de las respuestas entregadas por la secretaria de Estado durante la interpelación que realizó ayer la diputada RN, Marcela Sabat.
"Por el bien de los niños hay que destituir a la ministra de Justicia", dijo el jefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.
Coloma agregó que "queremos que haya un cambio de rumbo en el ministerio de Justicia, que se escuche a los niños, a Gendarmería, a los gremios".
"Hemos decidido que sí existen suficientes fundamentos para iniciar una acusación constitucional, porque creemos que se ha infringido la constitución, las leyes, y además se han dejado de aplicar algunas leyes", dijo por su parte el jefe de bancada de RN, Germán Becker.
Consultado sobre los fundamentos del libelo, Becker dijo que apuntarán a incumplimientos del estatuto administrativo al no cursar sumarios. A esto se sumaría que la ministra -dicen- habría incumplido dictámenes de la contraloría.
Uno de los temas que queda por despejar es si logran un acuerdo con los independientes para ingresar la misma acusación. Esto pues el diputado ex DC René Saffirio confirmó ayer que buscará destituir a Blanco.
"Tenemos que concordar con los diputados independientes, que están en la misma línea, para hacer una acusación en conjnunto con ellos", dijo Becker.
¿Qué es y cómo opera una acusación constitucional?
La acusación constitucional es un mecanismo al que pueden recurrir los diputados para solicitar un juicio político a un ministro de Estado "por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno".
Una vez ingresada la solicitud, la Cámara deberá elegir al azar -excluyendo a los acusadores y a los miembros de la mesa de la Corporación- una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no formular la acusación. La autoridad tendrá un plazo de 10 días para formular descargos.
Luego de una serie de sesiones para evaluar la presentación la Cámara votará. De haber mayoría, la acusación pasará al Senado, que actuará como juez.
La autoridad acusada podrá asistir a las sesiones del Senado para manifestar su defensa. Incluso podrá recurrir a abogados que sustenten su postura.
Finalmente, se convocará a una sesión especial, donde se votará por separado cada uno de los capítulos de la acusación.
En caso que la Cámara Alta apruebe la acusación, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos dos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008.
Otros casos han sido rechazados. Por ejemplo, durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentaron otras dos acusaciones al entonces ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, las que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados.
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