Las reacciones fueron inmediatas. Fue cosa de minutos para que la oposición reaccionara al dictamen de Contraloría que determinó que el protocolo de objeción de conciencia ingresado por el Gobierno a la ley de despenalización del aborto en tres causales "no se ajusta a derecho".
Junto con considerar a las clínicas privadas con convenios como parte de red salud pública -cuyo deber es "garantizar el libre e igualitario acceso a la salud"- la entidad liderada por Jorge Bermúdez planteó que la objeción de conciencia es una materia de carácter "excepcional" tanto a nivel nacional como en la legislación comparada, y por tanto debe estar en una ley.
La senadora DC Ximena Rincón planteó que "lo que ha hecho la Contraloría es poner orden en torno a lo que el Parlamento y el país ha debatido a través de sus representantes y esto da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país, no es buena para quienes tienen que tener garantías respecto de las prestaciones de salud".
"Nosotros no solo nos alegramos de la decisión de la Contraloría, sino que pedimos y creo que ese ese el tema de fondo, que seamos más prolijos, que seamos más ordenados, que seamos más serios para proceder. Este apresuramiento del gobierno no solo confunde, sino que establece ante la opinión pública algo que no es bueno, que es la desprotección o la desigualdad en el acceso a la Salud", agregó.
Para el senador PPD y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Guido Girardi, el dictamen de Contraloría es una "reparación", que evitará tener que ingresar un nuevo proyecto de ley en torno a esta materia. "Yo llamo al Gobierno, por el bien del país, a hacer un buen Gobierno, a dejar de intentar por todas las vías de impedir que se cumplan las leyes y estar permanentemente teniendo que pedir disculpas", agregó.
Tras el fallo, Girardi afirmó que "vamos a citar al Ministro la próxima semana porque le vamos a exigir al Ministerio de Salud que ahora implemente la obligación en todos los hospitales".
Frente Amplio pide salida de Santelices
Desde el Frente Amplio fueron más duros. "Creemos que lo que corresponde es que el ministro dé un paso al costado. En esta oficina que esta acá atrás está la ministra vocera, que entiendo que está en este momento conversando con el Presidente. Nosotros esperamos que el gobierno al final del día tenga algo de sentido común y le pida la renuncia al ministro o quizás el camino más corto, que el propio ministro de un paso al costado y renuncie", afirmó el diputado Miguel Crispi.
Por su parte, la parlamentaria Maite Orsini dijo que "no descartamos una acusación constitucional, creemos que, tal como lo dijimos en la interpelación al ministro, que este protocolo es ilegal, que el ministro ha incumplido con la ley y esa es una de las causales que contempla la constitución para hacer una acusación constitucional, por lo tanto no descartamos hacerlo".
"Creemos que el camino correcto es que este gobierno decida que el ministro dé un paso al costado y decida renunciar debido a este ilegal que ha cometido poniendo por sobre los derechos de las mujeres los intereses de las clínicas y los hospitales probados", agregó.
