Alertas de Contraloría sobre Myriam Olate enfrentan a Nueva Mayoría y piñerismo
Alertas de Contraloría sobre Myriam Olate enfrentan a Nueva Mayoría y piñerismo
El informe de Contraloría que ordenó invalidar las pensiones de 11 funcionarios en retiro de Gendarmería fue uno de los temas que marcó la sesión especial del Senado para abordar la crisis en la entidad, y para la cual se citó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Dentro del grupo de pensiones objetadas se encuentra la de Myriam Olate, ex subdirectora técnica del organismo y ex esposa de Osvaldo Andrade, cuya jubilación mensual de $5,2 millones de pesos generó una fuerte polémica y fue una especie de catalizador para el movimiento "No+AFP".
Durante la sesión especial, senadores de la Nueva Mayoría acusaron responsabilidades del gobierno de Sebastián Piñera en la entrega de estas pensiones. Esto en alusión a que el informe de Contraloría señala que fueron al menos dos oportunidades en que se advirtió que Olate no cumplía con los requisitos para imponer en Dipreca. La primera de ellas, en 2012.
El primero en lanzar los dardos fue el independiente en cupo DC Pedro Araya. "Las dos primeras pensiones millonarias se otorgaron bajo el gobierno del ex Presidente Piñera".
El senador detalló que "se le otorgó a Luis Camilo Farías, ex subdirector operativo, quien en menos de un año cambió de grado, recibió funciones críticas dos veces y hoy tiene la pensión más alta de $6.037.622. La segunda pensión más alta fue entregada a Carlos Cortés Barraza quien sucedió al señor Farias y justamente anterior a jubilar también se le sube de grado, se le entregan funciones críticas y se le entrega una pensión de 5.605.874. Entonces uno podría presumir que parte de los abusos de este tipo comenzaron en el gobierno anterior".
En el caso puntual de Olate, Araya apuntó que en el informe "se da cuenta que en el caso de la señora Olate hace una prevención que en 2012 en una auditoría a Dipreca, que además se le dirige al ministro de Interior de la época, que si no me falla la memoria era el señor Andrés Chadwick, le hace presente que se estaban cometiendo eventuales irregularidades al tener como cotizante Dipreca a una persona que no cumplía los requisitos legales. El informe de seguimiento vuelve a reiterar que no ha habido un control adecuado".
Es así que emplazó a las autoridades del gobierno de la época a "responder por qué, habiéndoles representado expresamente la situación en Gendarmería, no se hizo nada".
En esta misma, la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, dijo que si bien se debe esperar el "debido" proceso, "uno puede preguntarse por qué el ex ministro de Justicia, el ex director de Gendarmería, en el gobierno pasado, no tomaron en cuenta las comunicaciones enviadas por Contraloría y de Dipreca a Gendarmería para detener estos abusos en el otorgamiento de pensiones".
Quien también arremetió fue el PPD Felipe Harboe, quien acusó "una hipocresía tremenda" de quienes endosan responsabilidades a la actual ministra, Javiera Blanco. "Durante 30 años no nos hemos hecho cargo de los temas de fondo de Gendarmería y se viene ahora a intentar imputar responsabilidades a la última autoridad de turno. Eso me parece que no es adecuado. Más aún cuando uno empieza a analizar antecedentes".
"El propio contralor dijo que el 2012 había notificado al entonces ministro de Justicia e Interior de la situación inadecuada de que esa persona cotizara en Dipreca y no se hizo nada. Aquí tenemos un problema de más de decir que esto lo conoció el ministro Rivera y el ministro Chadwick formalmente por el contralor y no se hizo nada yo digo cuidado, más allá de decir quién tuvo la responsabilidad tenemos que ir al fondo", agregó.
Si bien la ministra Blanco evitó apuntar directamente a las autoridades del gobierno pasado, dijo que "efectivamente como lo señalaba el senador Araya, esto tiene que ver con situaciones que se informaron en su minuto a dos reparticiones relacionadas con el tema de pensiones, que eran justamente Dipreca y el ministerio del Interior".
Los descargos de Chadwick
El ex ministro de Interior de la época, Andrés Chadwick, rechazó la ofensiva de la Nueva Mayoría. "Los senadores están haciendo el típico y muy conocido juego político de echarle la culpa a otros, y en este caso al gobierno del Presidente Piñera y a mi directamente", dijo en conversación con T13.cl.
"Cuando se recibe la auditoría hecha a Dipreca el año 2012 Dipreca se pone inmediatamente a trabajar para responder con medidas concretas todo lo que Contraloría le ha observado, y eso lo hace durante 2013. La Contraloría recoge ese trabajo hecho por Dipreca, dando muchos temas por solucionado, otros por avanzados parcialmente y algunos quedan pendientes. Pero ese informe refleja que Dipreca sí trabajó", señala el ex ministro.
Chadwick agrega que "yo entiendo que la verdadera alerta sobre la posible ilegalidad del traspaso de Gendarmería a Dipreca, con respecto de la señora Olate, más que estar dada en el informe del año 2012, está dada en el informe del año 2014. Y está sugerida fundamentalmente por la propia Dipreca".
El dictamen al que hace mención Chadwick - y al cual accedió este medio- cita que Olate “fue dada de baja del sistema previsional toda vez que se encuentra erogando imposiciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual ostenta un cargo de contrata destinada a la dirección nacional, no cumpliendo así con ninguno de los requisitos exigidos por la ley N° 19.195, por ende no corresponde que solicite traspaso de imposiciones a la Dipreca”.
Olate estuvo en contrata hasta 2014. Una vez que retorna Bachelet a La Moneda postuló por concurso público al cargo de subdirectora técnica de Gendarmería. Uno de los cuestionamientos que se le hizo en su momento apunta a que en mayo de 2014 tenía un sueldo bruto de $1.755.197 ($1.508.641 líquido) y al mes siguiente aparecía con una remuneración bruta de $10.154.363. Olate atribuyó esta diferencia a un pago retroactivo de los meses que se tramitó su traspaso a planta. Su último sueldo en Gendarmería correspondiente a $5.951.594 líquido.
Sin embargo, la Contraloría determinó que en relación a las pensiones percibidas por Olate y que sirvieron de cálculo para la pensión de retiro, “se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible”.
