Como un fallo "irresponsable" y que "va a avergonzar a Chile" a nivel jurídico internacional.
Así reaccionaron el senador MAS Alejandro Navarro y el diputado PC Hugo Gutiérrez luego de conocer el dictamen de la Corte Suprema que ordena el gobierno requerir que a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se constituya en los lugares de privación de libertad para constatar el estado de salud e impresiones de los opositores venezolanos encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos.
A juicio de los parlamentarios la Corte "actúa con soberbia y de manera parcial, pronunciando una sentencia con claro y concreto contenido político ideológico, al indicar que, 'resulta visible que operan en este caso todos los requisitos exigibles para que actúe la Jurisdicción Universal protectora de derechos humanos, desde que los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos'".
Agregan que "el fallo en cuestión carece de pruebas y evidencias que sustenten las sospechas sobre las supuestas malas condiciones de los reos López y Ceballos, basándose únicamente en información de Internet y medios de comunicación, siendo incapaz de investigar y levantar pruebas empíricas que lo sustenten". En este sentido, enfatizan que Ceballos se encuentra desde agosto con arresto domiciliario.
Los parlamentarios de la Nueva Mayoría sostienen que "este fallo expone al sistema judicial chileno, puesto ahora cualquier país latinoamericano podrá demandar a Chile por la vulneración de derechos contra comuneros Mapuche. Ya no será necesario dirigirse a la OEA o a la Comisión Interamericana".
En este sentido, sostienen que "este es un fallo que va a avergonzar a Chile en el nivel jurídico internacional, tras poner un Poder del Estado al servicio de una operación política internacional, la cual busca desestabilizar al Gobierno de Venezuela utilizando a la OEA como instrumento para ese objetivo".
Finalmente, plantean que "este fallo parece ser un hecho premeditado para presionar la intervención de la OEA en las elecciones venezolanas, que por lo demás, cada vez que han sido examinadas, han resultado altamente valoradas por organismos internacionales independientes".
Esta mañana, desde Filipinas, el canciller Heraldo Muñoz enfatizó que cuando hay una decisión del poder judicial, "la cancillería lo que hace es ejecutar o traspasar esa decisión, y eso es lo que hará Chile (...), trasladar esto a la OEA".
