La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una carta en la que manifestó su preocupación por la agenda de seguridad que está impulsando el Gobierno de Chile en contra de las manifestaciones sociales y actos vandálicos en medio de las protestas.
"Se reconoce la necesidad de adoptar estrategias y medidas de distinta índole para prevenir actos de violencia y saqueos. Sin embargo, la oficina coincide con los diagnósticos que señalan que la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo, y que la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio", dice el texto firmad por el representante para América del Sur Jan Jarab,
"Si bien los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente, lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos", agrega.
Durante la tarde de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antisaqueos y Antibarricadas, que busca aumentar las penas para quienes cometan estos tipos de delito en periodo de calamidad pública. La interrupción del tránsito, por ejemplo, podría ser penada con cárcel.
"El derecho a la reunión pacífica no debe de estar regulado por un régimen de autorización (...) la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia", asegura el comunicado.
"La solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)", añade.
Foto: Agencia ATON
