En mayo de este año la Contraloría General de la República declaró ilegal el protocolo presentado por el actual gobierno en el marco de la ley de aborto en tres causales, la que permitía a establecimientos privados con convenio con el Estado ser objetores institucionales de consciencia.
Este viernes el Gobierno se retrotrajo a la versión anterior, presentada en enero por el gobierno de Michelle Bachelet, donde las instituciones objetoras de conciencia no podían tener convenios con el Estado en prestaciones ginecológicas y obstétricas.
Según informa El Mercurio, el día de ayer la dirigencia de la UDI se puso en contacto con abogados constitucionalistas para evaluar hacer una presentación frente al Tribunal Constitucional en contra de la decisión que tomó Contraloría.
La presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, señaló que: “Un derecho constitucional no puede ser condicionado por un convenio. Eso vulnera el principio de objeción de conciencia”. Mientras tanto el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, dijo que la postura del partido “es ir al TC. Pero lo vamos a conversar con RN y Evópoli”.
Javier Macaya además señaló que: “El contralor se equivocó. El gobierno ha tenido que ajustar el reglamento, pero no por eso creemos que restringirá la objeción de conciencia. Se está dejando el 99% de las prestaciones ginecológicas”.
En los otros partidos oficialistas no están tan seguros de recurrir al TC. El jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez, expresó que: “Sería desventurado ir de inmediato (al TC) Hay que evaluarlo en la medida que se vea el impacto en la vulneración de derechos a la mujer embarazada por prestaciones distintas al aborto”.
En cambio en Evópoli no encuentran necesario recurrir al Tribunal Constitucional, según declaró su presidente Hernán Larraín Matte el nuevo reglamento “cumple con proteger la objeción, la autonomía de las instituciones y el derecho de las mujeres”
