"Desconocimiento" de las normas legales, vulneración al derecho de secreto y afirmaciones "abusivas". Estas son solo algunas de las críticas que realiza el gobierno a la labor de los fiscales de La Araucanía en el marco de la polémica por la decisión de solicitar el cierre de la investigación por la "Operación Huracán".
Luego de una tensa audiencia -donde los fiscales acusaron "negligencia" de La Moneda al no pedir diligencias y acusaron una defensa del Ejecutivo hacia Carabineros, entre otras cosas- el gobierno había anunciado el envío de un "téngase presente".
Un documento que se materializó este jueves, y que en sus cuatro páginas lanza duros cuestionamientos a la labor de los persecutores en la causa que, finalmente, terminó siendo reasignada a la región de Aysén.
Esí que parten respondiendo a la "inusitada respuesta de determinados fiscales que, en los hechos y de un modo impropio, imputaron una defensa del gobierno a Carabineros de Chile como si las infracciones penales y administrativas presuntamente cometidas por algunos funcionarios de dicha institución hubieran estado en conocimiento del suscrito (gobierno), lo que es absolutamente falso.
Un segundo punto es el uso de la facultad de decretar el secreto de la investigación, la que según el gobierno se utilizó "mucho más allá de los objetivos previstos por la norma, ya que esta disposición sólo permite usar el secreto para asegurar la “eficacia de la investigación'”.
En este caso, dicen, "se usó para ocultar la existencia de irregularidades ocurridas en la misma. Concretamente, se ocultó una presunta violación de secreto cometida al interior de la propia Fiscalía y además una presunta adulteración de informes periciales cometida por funcionarios de Carabineros de Chile".
En cuanto a la decisión de decretar el cierre de la investigación, cuestionan que esto se haya realizado con "al menos 23 diligencias investigativas pendientes, entre las cuales se encuentra incluso un requerimiento de información al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica".
Junto con esto, señalan que el hecho que se haya decretado el cierre con piezas declaradas secretas generó "una afectación del derecho de las partes a conocer el contenido de la investigación" y asimismo "el derecho de pedir diligencias investigativas", ya que estas últimas solo pueden ser solicitadas mientras la investigación se encuentra aún abierta. Adicionalmente, acusan que la decisión de no perseverar se tomó "en base a antecedentes pertenecientes a otra investigación y que jamás fueron incorporados en la carpeta investigativa". Entre ellas, dicen, el informe del perito judicial Felipe Sánchez Fabre, quien señaló en sus conclusiones que existían anomalías en los informes de Carabineros.
"Tenemos la certeza que dicho documento fue determinante para que se comunicara la decisión de no perseverar (...) Esto último deja en evidencia que la decisión de no continuar con la investigación fue adoptada en base a un antecedente no incorporado en la carpeta, y desde luego desconocido por los intervinientes en la causa", aseguran.
En otro de los puntos controversiales del caso, el gobierno asegura que la Fiscalía de La Araucanía "no habría resguardado el secreto de los antecedentes de la investigación, ya que con fecha 25 de enero de 2018 se decretó el cierre de la misma, estando aún vigente el secreto sobre los peritajes elaborados por ULDDECO, y por ende, estos documentos eran a la fecha desconocidos por todos los intervinientes. Pues bien, tales informes fueron publicados en forma íntegra en el portal web de Radio Biobío el día 26 de enero de 2018, cuando aún no había sido entregada copia de la carpeta a las partes".
Otro punto que critican es el uso de la facultad de agrupar y desagrupar las causas. "En este caso, de acuerdo a información de prensa, la Fiscalía llegó a tener abiertas en forma paralela diez investigaciones con diversos RUC, y ello en ningún caso tuvo como objetivo colaborar con el esclarecimiento de los hechos", señalan.
"Afirmaciones inadecuadas y abusivas" de fiscal
El gobierno, además, apunta sus críticas al fiscal de alta complejidad Felipe González, quien durante la audiencia de discusión del cierre de la causa calificó de "negligente" la actuación del gobierno, asegurando que no habría mostrado interés en la misma. "Estas afirmaciones no solo son inadecuadas y abusivas de acuerdo a los términos del artículo 530 del Código Orgánico de Tribunales, sino que constituyen una vulneración del deber de probidad", asegura Interior.
También cuestionan el actuar del fiscal Luis Arroyo Palma, quien el pasado 19 de enero presentó una querella criminal como persona natural. Sin embargo, acusa Interior, "utilizó información que sólo pudo obtener en razón de su cargo como Fiscal Jefe de Alta Complejidad de la Araucanía".
"Con la conducta desplegada, infringió gravemente su deber de guardar reserva en relación a los antecedentes que conoce en el ejercicio de su función pública, y lo previsto en el artículo 246 del Código Penal. Además, para confeccionar dicho libelo, utilizó datos contenidos en el informe policial de inteligencia número 202, secreto, de Carabineros de Chile. Con ello infringió su obligación de resguardar la información de inteligencia prevista en los artículos 38 y siguientes de la Ley 19.974", señala el documento.
