[VIDEO] Gobierno pondrá suma urgencia a proyecto que sanciona violencia en el pololeo
Una reunión de trabajo sostuvieron esta tarde los ministros de la Segpres, Gonzalo Blumel, y su par del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, para coordinar la tramitación de la agenda de equidad de género anunciada este miércoles por el Presidente Sebastián Piñera.
Según detallaron los ministros tras finalizar el encuentro, la próxima semana se pondrá suma urgencia a dos de las iniciativas, con el objetivo de agilizar su tramitación.
Se trata del proyecto que reforma la sociedad conyugal y el que sanciona la violencia en el pololeo, las que deberán ser despachadas de su respectivo trámite legislativo en un plazo máximo de 15 días.
Adicionalmente, la próxima semana se ingresará la reforma constitucional que establece y garantiza igualdad de derecho y dignidad entre hombre y mujeres.
"Empezamos a dar pasos concretos para materializar esta agenda y hemos establecido un mecanismo de coordinación permanente", afirmó el ministro Blumel.
¿En qué consisten los proyectos con suma urgencia?
La ley que sanciona la violencia al pololeo introduce una reforma a la ley de violencia intrafamiliar, que no considera a las parejas que no conviven. La idea de la reforma es considerar la violencia de parejas que no conviven bajo los mismos parámetros de las que sí lo hacen.
En tanto, la reforma a la sociedad conyugal establece cambios a una normativa que data de 1857, y que establece que en las parejas que cuentan con este régimen es el hombre quien administra los bienes. Y, en caso de que las mujeres quieran disponer de sus bienes, deberán contar con la "autorización" de su marido. Esta iniciativa se ingresó en 2013, pero no ha registrado mayores avances.
Por otro lado, la reforma al artículo 1 de la Constitución que se ingresará la próxima semana, busca "establecer también como el deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres". Junto con esto, se fija como un deber del Estado "combatir con eficacia toda forma de abuso o discriminación arbitraria contra las mujeres".