La ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó su respuesta a la acusación constitucional que fue presentada en su contra.
En el escrito se argumenta que dicha acción "no respeta el caracter de última ratio que debe tener por su envergadura toda acusación consitucional" y además, "no se verifican las causales establecidas" para que proceda.
Además, señaló que la acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de la ministra Cubillos y que "se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros y no se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional y justo".
Por su parte, expresó que "se demostrará que esta Ministra de Estado ha actuado siempre en cabal cumplimiento de la ley y la Constitución. Y ha sido leal y explícita en sus intentos por reformar aquellas leyes que el Gobierno al que pertenece desea perfeccionar o mejorar".
"Una acusación constitucional no puede descansar en meras generalidades, afirmaciones vagas, hechos que no constituyen ilegalidades", indicó la respuesta asistida por el abogado Francisco Cox.
Frente a los razones para rechazar los capítulos de la acusación, el documento afirma "categóricamente que la ministra Cubillos no ha faltado a la verdad" ante la supuesta infracción del principio de probidad por declaraciones emitidas en el contexto del sistema de admisión escolar.
Al respecto de la acusación por el envío de correos con información sobre el proyecto por supuestas infracciones al respeto y protección a la vida privada y datos personales por envío de correos con información sobre el proyecto "Admisión Justa", la respuesta ratificó que "la alegada infracción ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto, como la Contraloría y el Consejo Para la Transparencia".
Sobre posibilidad de haber dejado sin ejecución el presupuesto de los Servicios Locales de Educación, de los Centros de Formación Técnica y de los educadores tradicionales, el escrito indicó que "la pretensión de los y las acusadores/as de establecer ellos y ellas el mes en que deben ejecutarse los gastos de determinadas partidas presupuestarias son una manifestación más de la verdadera naturaleza de la disputa que motiva esta acusación".
Con la presentación, la Comisión tendrá seis días para emitir su informe para el desarrollo de la acusación constitucional.
