Asegurando que tiene "todas las pruebas de que ellos estaban ejerciendo funciones oficiales para el gobierno de Bolivia", el procurador general de dicho país, Pablo Menacho, presentó ante la Corte de Apelaciones de Iquique un recurso de amparo que busca la liberación de los dos militares y siete funcionarios de aduana altiplánicos que se encuentran en prisión preventiva en Alto Hospicio, tras haber sido detenidos en un confuso incidente en las cercanías de Colchane el 19 de marzo pasado.
Tras realizar la diligencia, para la que viajó especialmente, Menacho indicó, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI) que "la idea principal es que las nueve personas puedan recupear su libertad de forma plena y de forma inmediata", agregando que los cargos presentados contra los ciudadanos bolivianos son "totalmente inconsistentes".
El procurador boliviano indicó también que "lo que tenemos ahora es la certeza de que es gente que cumplía con su trabajo y que esta indebidamente detenida en Chile".
Los nueve ciudadanos altiplánicos están acusados de robo con intimidación, porte y tenencia de armas, y contrabando, cargos que han sido reiteradamente rechazados por las autoridades bolivianas.
"El tema de robo es aún más inconsistente, se trata de la persecución de un delito que todos los Estados persiguen y penan en sus respectivas legislaciones. Lo que procede en cuanto a mercadería de contrabando no es el robo, es la confiscación que viene de las personas que han sido presentadas por la Fiscalía como supuestas víctimas, han declarado que eran mercancías para el contrabando", puntualizó Pablo Menacho.
