El ministro (s) de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, se refirió al presunto cohecho y tráfico de influencias, en que estarían involucrados el ex diputado UDI Gustavo Hasbún y Bruno Fulgeri, dueño de la constructora SGYC y contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y donde se investiga a la oficina del MOP de la región de La Araucanía.
Leturia mencionó que están "tremendamente comprometidos con la verdad y si es que hubiesen hechos reñidos con la ley, van a ser castigados con las máximas sanciones que esto implica".
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En la misma línea, la autoridad señaló que pusieron "a disposición, en agosto del año pasado, toda esta información al Ministerio Público y esperamos que el Ministerio Público, con la mayor celeridad posible encuentre la verdad de lo que pasó en este caso y emita las sanciones que correspondan".
"Hemos puesto toda la información a disposición. En este caso, el seremi de la región de la Araucanía fue el primero que realizó esta denuncia. Él conoció estos hechos en agosto del año pasado, el día 30 de agosto del año 2019, hace ya prácticamente ocho meses. Él dispuso personalmente toda esta información al Ministerio Público, por lo cual esperamos que Fiscalía cuanto antes llegue a una conclusión para poder establecer estos hechos", declaró Leturia.
Respecto al seremi de la Araucanía, reiteró que él "fue el primero que denunció estos hechos (…) (y) cuenta con el apoyo del Gobierno".
Sin bien es cierto que el seremi fue el primero en presentar el caso ante el Ministerio Público, los hechos fueron dados a conocer a través de una denuncia realizada en Contraloría por el diputado Andrés Molina (Evópoli) el pasado 29 de agosto.
Así lo reveló esta semana Contraloría que afirmó que "el día 29 de agosto, el diputado Andrés Molina realizó una presentación en la Contraloría Regional de La Araucanía denunciando eventuales irregularidades cometidas por el Ministerio de Obras Públicas en dicha región".
Gustavo Díaz, asesor legislativo del diputado Andrés Molina, quien además está a cargo de la oficina anticorrupción que fue impulsada por parlamentarios de Evópoli en septiembre, señaló que ellos recibieron la denuncia en agosto de 2019 a través de un número de Whatsapp que dispusieron especialmente para denuncias.
"La información nos llegó casi a finales de agosto (…), nosotros rápidamente redactamos un informe escrito de presentación a la Contraloría, donde pedíamos que se investigaran estas situaciones (…) y yo le envío el escrito al diputado Molina para que sea revisado y presentado", afirmó.
Y agregó: "Nosotros habilitamos un número Whatsapp para que nos llegaran las denuncias y (…) nos fueron remitidos los antecedentes y rápidamente nos pusimos a trabajar en esto y ya en dos días por lo menos teníamos todo listo".
